Periodismo con contexto
El 26 de octubre de 2025, en el debate "Tú Decides" transmitido por Canal 13 — el primero con los ocho candidatos presidenciales reunidos en una misma señal — José Antonio Kast pronunció dos frases que quedaron registradas en cinta y que vale la pena recordar palabra por palabra. Sobre migración, ante una pregunta directa: "El año más exitoso de expulsiones va a ser el año 2026 después de que nosotros asumamos el gobierno." Y sobre el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, ante la consulta de la periodista Soledad Onetto sobre qué se recortaría: "Nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy día exista." Siete semanas después, el 14 de diciembre, más de 7,2 millones de chilenos lo eligieron presidente con el 58,17% de los votos válidamente emitidos — la mayor cantidad absoluta de sufragios obtenida por un candidato presidencial en la historia electoral chilena, según los datos oficiales del Servicio Electoral.
La memoria política chilena es corta y los gobiernos lo saben. Las promesas tienden a evaporarse en los seis meses siguientes a la asunción, reemplazadas por nuevas urgencias y por explicaciones técnicas sobre por qué lo prometido era inviable. Este artículo es un registro. No un análisis político ni una opinión: una lista documentada de qué prometió Kast, dónde lo dijo, con qué cifras y bajo qué plazos. Sirve para volver a leerlo dentro de seis meses, un año, dos años — y comparar.
La seguridad fue el eje central de la campaña de Kast desde su tercer intento presidencial en 2025. "Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados", repitió en diversas plazas y entrevistas. Tres planes específicos articularon su propuesta.
El Plan Implacable, presentado en mayo de 2025, es la pieza central. Incluye la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para los cabecillas del narcotráfico — sin visitas, salidas al exterior ni beneficios — modeladas en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) que el gobierno de Nayib Bukele construyó en Tecoluca, El Salvador. Kast viajó a El Salvador por primera vez en abril de 2024 — visita organizada por su comando junto al diputado Cristián Araya y el entonces presidente del Partido Republicano Arturo Squella — y volvió a hacerlo el 30 de enero de 2026, semanas antes de asumir, esta vez acompañado por su futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna. Tras esa segunda visita, Kast declaró que El Salvador "hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y no tiene control. Han tomado decisiones duras pero necesarias". El programa contempla además la equiparación del narcotráfico transfronterizo al delito contra la seguridad nacional — con sanciones equivalentes a traición a la patria — el endurecimiento de penas para integrantes de bandas criminales sin beneficios penitenciarios, la prohibición de los "narcofunerales", la ampliación de la legítima defensa con presunción legal en casos críticos, y el respaldo institucional a fiscales, jueces y policías.
El Plan Barrido Total contempla el despliegue de una fuerza especial para "recuperar" espacios públicos tomados por el comercio ilegal y el crimen organizado. El Plan Cancerbero, presentado el 28 de julio de 2025, complementa al Implacable con una meta concreta: la creación de 100.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años, la profesionalización de Gendarmería, modelos laborales obligatorios para los reclusos, y atención integral para internos con consumo problemático de drogas.
La política migratoria de Kast se alineó explícitamente con la doctrina de la administración Trump. Su pieza fundamental es el Plan Escudo Fronterizo: cierre total de los pasos no habilitados mediante muros de cinco metros de altura — descritos en el documento del programa como "similares a los utilizados en Israel y Hungría" y proyectados a una extensión cercana a 600 kilómetros — equipados con sensores de movimiento, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia con radares térmicos, drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial e infrarrojo operando 24/7, y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores de mayor tráfico migratorio. El despliegue contempla 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con turnos rotativos y presencia permanente, y la creación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe donde toda persona sin documentación sería detenida y expulsada. A esto se suma la tipificación de la migración irregular como delito penal, deportaciones masivas, la eliminación del acceso de migrantes irregulares a beneficios públicos en salud, educación y vivienda, y la limitación del envío de remesas al exterior.
"El año más exitoso de expulsiones va a ser el año 2026" no es una declaración aislada. Forma parte de un compromiso más amplio: convertir Chile en un país que rechaza activamente la migración no autorizada. Durante el cierre de campaña en Viña del Mar, Kast apareció detrás de un vidrio blindado — una réplica visual de la protección que utiliza Donald Trump — y declaró: "Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria." La cifra de 300.000 corresponde a la estimación oficial del Servicio Nacional de Migraciones sobre los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados — la mayoría venezolanos.
La promesa económica estrella — y la más cuestionada incluso desde la derecha tradicional — es el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Kast lo desglosó así: 3.000 millones por ajuste interno del aparato estatal y 3.000 millones por cambios legislativos. Su argumento sobre cómo se obtendrían los primeros 3.000 millones lo entregó en el mismo debate del 26 de octubre: "Si usted ve el tema de los abusos va a encontrar cerca de mil millones, en la eficiencia mínimo otros mil y se ve el tema de la austeridad va a encontrar otros mil." El presidente Gabriel Boric calificó la propuesta de "irresponsable", argumentando que no se explicaba cómo podría ejecutarse sin afectar beneficios sociales. La propia derecha tradicional planteó dudas similares.
El programa económico contempla además la reducción del impuesto corporativo de primera categoría desde el 27% actual al 17% en cuatro años — una rebaja de diez puntos porcentuales — y la eliminación progresiva de contribuciones a la primera vivienda, comenzando por los adultos mayores de 65 años. El costo fiscal estimado de esta última medida, al universalizarse, asciende a 380 millones de dólares anuales, beneficiando a unas 750.000 familias. Kast prometió también una "flexibilización laboral" que incluye la revisión de la ley de 40 horas aprobada bajo el gobierno de Boric, la introducción de "contratos multifuncionales" que permitan pactar jornadas flexibles, y la simplificación de las trabas para las pymes.
El primer test de credibilidad de la promesa llegó antes de cumplir el segundo mes de gobierno. En abril de 2026, el Ministerio de Hacienda — encabezado por Jorge Quiroz — envió a todos los ministerios una serie de oficios instruyendo recortes masivos al gasto social. El documento, filtrado y publicado por El Mostrador, La Tercera y CIPER, propone eliminar 142 programas públicos y reducir en al menos un 15% el presupuesto de otros 260 — una reducción total de 2,8 billones de pesos. Los programas en la lista no son marginales: incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono Invierno, la Subvención de Gratuidad universitaria, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) — que para miles de estudiantes es la principal comida del día —, programas de salud mental en atención primaria, prevención del suicidio y hospitalización domiciliaria. En paralelo, el mismo gobierno impulsa una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. La distancia entre "no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista" y el primer documento técnico del propio Ministerio de Hacienda quedó en cinta — y en siete semanas.
El 22 de abril de 2025, Kast presentó el "Plan Renace Chile" para enfrentar lo que denominó la "crisis estructural de natalidad" del país: una caída cercana al 30% en los nacimientos durante la última década, con una proyección del INE que sitúa la fecundidad chilena en 0,92 hijos por mujer hacia 2028 — una de las más bajas del continente. La propuesta central contempla una asignación universal por hijo nacido: un millón de pesos entregados directamente a la madre al momento del parto y otro millón depositado en una cuenta de ahorro a nombre del recién nacido. Costo fiscal aproximado: 380 millones de dólares anuales. A esto se suma la implementación de una sala cuna universal, exenciones escalonadas al impuesto a la renta según el número de hijos, y la reasignación de recursos desde la educación superior hacia la primera infancia.
La propuesta generó críticas transversales. La senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez la calificó de "machista y populista". Especialistas en demografía consultados por El Mercurio y La Tercera advirtieron que la evidencia internacional muestra que las transferencias monetarias directas tienen efectos limitados y transitorios sobre la natalidad. La promesa, sin embargo, fue mantenida como uno de los ejes sociales de la campaña.
En vivienda, Kast prometió 500.000 nuevas soluciones habitacionales durante los cuatro años de gobierno, con énfasis en subsidios directos para la clase media. La cifra prácticamente duplica el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric, que cerró el 9 de marzo de 2026 con 262.390 viviendas terminadas, entregadas o adquiridas según el balance oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, superando la meta inicial de 260 mil unidades.
En educación, el compromiso central fue el fin de la "tómbola" — el sistema de admisión escolar aleatorio introducido durante la reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet — y el retorno a la libertad de los establecimientos para seleccionar estudiantes según criterios propios. Kast prometió además diversificar los proyectos educativos subvencionados y devolverles a los padres "el derecho a elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores", una formulación recurrente en sus campañas.
En salud, la propuesta se concentra en la reducción de las listas de espera mediante alianzas público-privadas, el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud, la articulación de una red de prestadores privados bajo convenio con Fonasa, y el robustecimiento de los CESFAM y la atención primaria. El programa no incluye una reforma estructural al sistema de Isapres ni a Fonasa.
Para los adultos mayores, Kast presentó el Plan Generación Dorada: una propuesta integral dirigida a quienes "se sienten postergados por el Estado", con compromisos en pensiones, servicios de cuidado y reconocimiento social. Los detalles operativos del plan son menos precisos que los planes de seguridad y migración.
El programa presentado el 22 de agosto de 2025 omitió deliberadamente varios compromisos que Kast había sostenido en sus campañas anteriores. La maniobra es relevante porque permite distinguir entre las posiciones que Kast asume públicamente como candidato y las que ha defendido a lo largo de su trayectoria política. El ejercicio no es de mala fe: es de memoria.
En el programa de 2021, Kast prometió eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género — fusionándolo con Desarrollo Social en un nuevo "Ministerio de la Familia" — clausurar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y derogar la Ley de Aborto en tres causales aprobada en 2017. En el programa de 2025, ninguna de esas tres propuestas aparece. Tampoco la promesa de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, que sí estaba en 2021. Tampoco la propuesta de denunciar el Pacto de Bogotá ante la Corte Internacional de Justicia.
El ajuste no implica que Kast haya cambiado de opinión sobre estos temas. Como diputado en 2007, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, argumentando que era abortiva. En febrero de 2020, cuando lanzó su programa para el mundo evangélico, afirmó: "Si alguien dice que está en defensa de la vida y en contra del aborto, tiene que decirlo claramente. No basta con decir que se va a modificar la ley, sino que hay que levantar un proyecto para derogar la ley del aborto." En la campaña de 2025, simplemente dejó de mencionar el tema. La estrategia, según describió la propia La Tercera en mayo de 2025, fue una decisión consciente: "Aprendimos a porrazos", admitió un integrante de su círculo a ese diario, refiriéndose a las propuestas valóricas que le habían costado la elección de 2021.
Más allá de los planes concretos, durante la campaña Kast hizo varias declaraciones que conviene archivar para revisión posterior. "Chile necesita orden: en las calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido." "Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro." Y la frase, reveladora respecto al estado de las finanzas públicas que recibe: "El año 2026 va a ser un año muy duro porque las finanzas del país no están bien."
En su discurso de victoria, la noche del 14 de diciembre de 2025 frente al comando del Partido Republicano en Las Condes, Kast pronunció la frase que sintetiza su cosmovisión política: "Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor." Y agregó otra: "El orden no es un capricho, es justicia." Prometió también renunciar al Partido Republicano antes de asumir la presidencia para "ser el presidente de todos los chilenos" y convocó a "grandes acuerdos nacionales". Asumió el cargo el 11 de marzo de 2026.
Algunas promesas de Kast tienen plazo explícito, lo que las convierte en compromisos verificables sin necesidad de interpretación:
En los primeros 3 meses (vencimiento: 11 de junio de 2026): reducir los cruces ilegales en la frontera norte en un 40%; ingresar al Congreso al menos cuatro proyectos de ley clave (seguridad, migración, ajuste fiscal, contribuciones a la primera vivienda).
En 18 meses (vencimiento: septiembre de 2027): ejecutar el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares.
En 4 años (vencimiento: marzo de 2030): entregar 500.000 nuevas soluciones habitacionales.
En el año 2026: "el año más exitoso de expulsiones de la historia de Chile".
Kast ganó el balotaje del 14 de diciembre de 2025 con 58,17% de los votos válidamente emitidos — más de 7,2 millones de sufragios, la mayor cantidad absoluta obtenida por un candidato presidencial en la historia electoral chilena, según los datos oficiales del Servicio Electoral. Esa mayoría se construyó sobre compromisos específicos, especialmente en seguridad y economía. La ciudadanía que lo eligió tiene derecho a saber, en plazos definidos, si esos compromisos se cumplen, se modifican o simplemente se olvidan.
La memoria no es un ejercicio académico ni una trampa periodística: es una herramienta democrática. En los próximos meses y años, este registro permitirá comparar lo prometido con lo ejecutado. Cuando una promesa se cumpla, se dirá. Cuando una promesa se rompa, también.
El 16 de febrero de 2026, tres semanas antes de entregar la presidencia, Gabriel Boric recibió de Carabineros de Chile el rango honorífico de "Alguacil Mayor". El decreto, firmado por la propia institución, distinguía al mandatario por su "público reconocimiento, colaboración y apoyo a los postulados" del cuerpo policial. Cinco años antes — el 6 de febrero de 2021, en un tweet que aún puede consultarse — el entonces diputado Boric había escrito: "Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quién tenga el poder". El recorrido entre una frase y otra resume, en miniatura, el gobierno entero.
Boric llegó a La Moneda en marzo de 2022 como el presidente más joven en la historia de Chile y como portador simbólico de una década de movilización social acumulada: el movimiento estudiantil de 2011, el tsunami feminista de 2018, el estallido de octubre de 2019. "Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba", había declarado el 19 de diciembre de 2021, la noche en que ganó la segunda vuelta. Cuatro años después, el neoliberalismo en Chile sigue tan vivo como en 1990, y la izquierda chilena — la que apostó por el Frente Amplio como recambio generacional — atraviesa su peor momento desde el retorno a la democracia.
La pregunta que vale la pena hacerse es más incómoda que el resultado electoral: ¿qué pasó entre la promesa y la entrega?
El programa con el que Boric llegó a la presidencia contenía 53 compromisos prioritarios y más de 700 propuestas específicas. Entre las promesas centrales figuraban: el reemplazo de las AFP por un sistema mixto con componente solidario; la creación de un Sistema Nacional de Salud que absorbiera progresivamente las funciones de las Isapres; la condonación universal del Crédito con Aval del Estado (CAE), que mantenía endeudados a más de 1,2 millones de exalumnos; una reforma tributaria que recaudara 4,1% del PIB adicional gravando a los más altos ingresos; el aborto libre hasta las 14 semanas; la legalización de la eutanasia; y la "refundación" de Carabineros tras las graves violaciones a derechos humanos documentadas durante el estallido — 460 personas con lesiones oculares, 2.520 querellas en el INDH, 34 víctimas de estallido ocular total, según el registro del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Sobre todo eso debía construirse, como techo simbólico, un nuevo proceso constituyente que reemplazara la Constitución redactada bajo Pinochet en 1980. La promesa, en palabras de los propios partidarios del nuevo gobierno, era una "oportunidad histórica" comparable solo con la de la Unidad Popular en 1970.
Los datos los entregó la organización de monitoreo Ciudadanía Inteligente en el balance final de su informe "Del Dicho al Hecho", publicado el 11 de marzo de 2026 — al cierre exacto del mandato. De las 216 promesas legislativas del programa de Boric, 122 contaban con un proyecto de ley asociado, pero solo el 29,6% logró efectivamente convertirse en ley durante los cuatro años. El avance global agregado fue del 44%: 64 promesas alcanzaron el 100% de cumplimiento, otras 4 llegaron al 90%, 21 al 70% y 32 al 40%. En contraste, 95 promesas — el 44% del programa — no registraron ningún avance legislativo. Cuatro áreas completas — entre ellas defensa, democracia y pueblos indígenas — cerraron el mandato con un avance del 0%, lo que el propio informe describe como una contradicción evidente con el discurso plurinacional con el que el Frente Amplio había llegado al gobierno.
El crecimiento económico promedió 2,0% durante los cuatro años, según el cierre que hizo el Banco Central en marzo de 2026 con cifras revisadas al alza: 2,2% en 2022, 0,7% en 2023, 2,8% en 2024 y 2,5% en 2025. Es el segundo peor registro económico desde el retorno a la democracia, apenas por encima del segundo mandato de Michelle Bachelet (1,8%) y muy por debajo de Aylwin (7,4%), Frei (5,5%), Lagos (4,8%), Bachelet I (3,5%) y Piñera I (5,4%). La meta de 700.000 nuevos empleos quedó en aproximadamente 560.000 según el INE. La reforma tributaria fue rechazada en general por la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2023 y nunca logró remontar; el déficit fiscal estructural cerró 2025 en 3,6% del PIB, más del doble de la meta vigente del 1,6%.
La condonación universal del CAE fue reemplazada por un proyecto alternativo de "reorganización de deudas educativas" presentado en octubre de 2024, que beneficiaría inicialmente a 75.000 deudores con condonación parcial — una fracción de la promesa original. El proyecto quedó entrampado en el Congreso. La eutanasia fue ingresada a tabla y retirada de urgencia 34 veces, según el registro de la Cámara de Diputados. El aborto libre prometido nunca avanzó. La reforma de pensiones llegó tardíamente — recién en enero de 2025 — reducida y negociada con la oposición; el resultado final mantuvo en pie el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, exactamente lo que Boric había prometido eliminar.
El proceso constituyente — el corazón simbólico del proyecto — terminó sin texto. La propuesta progresista de la Convención fue rechazada el 4 de septiembre de 2022 con 61,86% de votos en contra, según los datos oficiales del Servicio Electoral. El segundo intento, dominado por la derecha tras la elección del Consejo Constitucional en mayo de 2023, fue rechazado en diciembre de ese mismo año con 55,76%. Chile siguió rigiéndose por la Constitución de 1980.
El giro más documentado del gobierno fue el de Carabineros. La promesa original aparecía en el programa con palabras inequívocas: "Refundaremos nuestras policías, asegurándonos que respeten los derechos humanos y se subordinen al poder civil". Esa promesa nacía de un dato concreto: durante el estallido social, Carabineros había acumulado más de 8.500 denuncias por violaciones a derechos humanos, y su general director hasta entonces, Mario Rozas, había debido renunciar en noviembre de 2020 tras el caso del menor empujado al río Mapocho.
Tres meses después de asumir, el discurso ya había cambiado. La entonces ministra del Interior Izkia Siches declaró en marzo de 2022 que "Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo". El propio Boric, el 13 de octubre de 2022, repitió la fórmula: "Carabineros cuenta con todo el respaldo del Gobierno". El concepto de "refundación" desapareció del vocabulario oficial y fue reemplazado por el de "modernización". El general director nombrado en noviembre de 2020 por Piñera, Ricardo Yáñez — formalizado el 1 de octubre de 2024 por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto de su responsabilidad de mando durante el estallido — fue mantenido en el cargo hasta el 30 de septiembre de 2024, días antes de la formalización.
Bajo el gobierno de Boric, el presupuesto de Carabineros aumentó significativamente. La ley N° 21.670, promulgada en 2024, autorizó a los aspirantes a Carabineros portar armas de servicio durante su formación. Yáñez, al renunciar en septiembre de 2024, agradeció públicamente al Presidente: "Tengo solo muestras de gratitud hacia el apoyo que me ha brindado". Un estudio académico publicado en 2026 en la Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile —firmado por Lucía Dammert, Manuela Gil-Valles y Pedro Carvallo — describe el proceso completo en su título: "De la prometida refundación al fortalecimiento policial". La condecoración de febrero de 2026 fue, en términos institucionales, el cierre del arco.
Más allá de las promesas no cumplidas, hubo decisiones tomadas activamente que costó entender desde la izquierda que llevó a Boric a La Moneda.
En octubre de 2022, el gobierno respaldó la ratificación del TPP-11, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que el propio Boric había criticado durante años como diputado por considerarlo lesivo para la soberanía regulatoria del Estado. Lo mismo ocurrió con el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, suscrito en diciembre de 2023, que profundiza la inserción del país en cadenas de producción extractivas.
En mayo de 2024, el gobierno acordó con la oposición una "Ley Corta de Isapres" para implementar el fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022, que había obligado a las aseguradoras a devolver los cobros excesivos aplicados a sus afiliados desde abril de 2020. La cifra final de la deuda, cerrada por la Superintendencia de Salud en octubre de 2024, fue de aproximadamente 1.213 millones de dólares — repartida entre 696.447 cotizantes. La ley permitió que las aseguradoras pagaran esa deuda en cuotas reducidas a lo largo de trece años, evitando así la quiebra del sistema en lugar de aprovechar la crisis para reformarlo.
El estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur — La Araucanía y parte del Biobío — fue decretado por el gobierno de Boric el 16 de mayo de 2022 y se mantuvo, mediante renovaciones sucesivas en el Congreso, durante todo el resto del mandato. La presencia militar permanente en territorio mapuche, que el propio Boric había criticado como diputado, se transformó en política de Estado bajo su gobierno.
A la decepción programática se sumaron los casos de corrupción. El llamado Caso Convenios, destapado el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline de Antofagasta, expuso la transferencia de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade — entonces pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez. El caso se extendió luego a más de 60 fundaciones en todo el país, con montos investigados que al cierre de 2024 superaban los 89.000 millones de pesos según la Fiscalía Nacional. La promesa de campaña sobre erradicar las prácticas clientelares de la "vieja política" había sido un eje central del Frente Amplio. El caso golpeó esa narrativa de manera estructural.
En octubre de 2024, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve — el número dos del ministerio responsable de la seguridad pública — fue formalizado por violación y abuso sexual contra una funcionaria del propio Ministerio. La promesa de un gobierno con perspectiva feminista enfrentó allí su prueba más dura: Monsalve había sido designado en marzo de 2022, en plena celebración del primer gabinete paritario de la historia de Chile.
El analista de Cadem Roberto Izikson sintetizó el resultado electoral con un dato concreto: el gobierno de Boric registró durante toda su segunda mitad evaluaciones negativas superiores al 70% en cuatro áreas críticas — delincuencia, inmigración, crecimiento económico y empleo. Esas mismas cuatro áreas fueron los pilares de la campaña presidencial de Kast en 2025.
La caída de Boric no es una anomalía. Desde el retorno a la democracia en 1990, la norma en Chile es que los presidentes terminen con menor aprobación que con la que empiezan — el ejercicio del poder desgasta. Pero la norma tiene dos excepciones notables: Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet en su primer mandato (2006-2010), que terminaron mejor que como empezaron. Lagos salió de La Moneda con más del 70% de aprobación tras manejar con habilidad la crisis económica de 2002-03. Bachelet 1 llegó al 84% al cierre, pese a la recesión de 2008-09 y al terremoto de 2010. Ambos supieron leer una crisis y salir fortalecidos.
El caso de Boric tiene un agravante que los datos hacen visible: empezó con más capital político que cualquier presidente desde el retorno a la democracia. Ganó la segunda vuelta con el 55,87% de los votos en diciembre de 2021 — la mayor votación presidencial de la historia chilena hasta ese momento — y llegó a La Moneda con una aprobación inicial del 50%. Cuatro años después, cerró en 29% (Cadem, marzo 2026). La caída no es la más pronunciada en términos absolutos — Piñera 2 terminó en 24% — pero sí es la más pronunciada en términos de capital dilapidado: partió más alto que todos y terminó casi tan bajo como el peor.
El balance del gobierno admite dos lecturas.
La primera, más benévola con Boric, sostiene que llegó al poder sin mayoría parlamentaria — el oficialismo controlaba 37 de los 50 escaños del Senado y 67 de los 155 de la Cámara, lejos del quórum necesario para reformas estructurales — en un Congreso fragmentado en el que la derecha bloqueó sistemáticamente las reformas más ambiciosas. Esta lectura subraya además el contexto post-pandemia, la inflación heredada del segundo mandato de Piñera y la guerra en Ucrania como factores externos que limitaron el margen fiscal del gobierno. Y enfatiza los logros que sí se obtuvieron: la jornada laboral de 40 horas, aprobada en 2023; el aumento del salario mínimo desde 350.000 a 539.000 pesos — un alza histórica del 54% en el período; el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, que cerró el 9 de marzo de 2026 con 262.390 viviendas terminadas, entregadas o adquiridas según el balance oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, superando la meta inicial de 260 mil; el control de la inflación, que pasó del 14% en 2022 al rango de la meta del Banco Central a fines de 2025.
La segunda lectura, más severa, sostiene que el gobierno de Boric no se topó simplemente con los límites del Congreso: tropezó con sus propios límites estratégicos. El propio diputado oficialista Diego Ibáñez describió en julio de 2024 al Frente Amplio como "un relámpago asociado al movimiento estudiantil" que había llegado al gobierno sin haber planificado llegar. Bajo esta lectura, el problema no fue solo la falta de votos en el Congreso: fue la falta de un proyecto coherente sobre qué hacer con el poder. El sociólogo Felipe Portales sitúa al gobierno de Boric como el sexto capítulo del mismo patrón histórico iniciado en 1990: una izquierda que llega al poder prometiendo transformar el modelo neoliberal y, una vez en el gobierno, lo administra, lo legitima y termina profundizándolo.
La consecuencia más grave del gobierno de Boric no es lo que no logró hacer. Es lo que su fracaso ha producido en la cultura política chilena: una ciudadanía más desmoralizada, más desconfiada de las élites que prometen cambio y, sobre todo, más dispuesta a escuchar a quien le ofrezca orden en lugar de justicia.
Kast ganó la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025 con 58,17% de los votos válidamente emitidos — más de 7,2 millones de sufragios, la mayor cantidad absoluta obtenida por un candidato presidencial en la historia electoral chilena, según los datos oficiales del Servicio Electoral. No los obtuvo solo consolidando el voto histórico de la derecha. Según el análisis de flujos electorales del C22 elaborado en enero de 2026, en las comunas donde Franco Parisi había obtenido primera mayoría en primera vuelta — concentradas en regiones del norte minero, en sectores populares y en clases medias precarizadas — el 90,9% de esos votantes se volcó hacia Kast en el balotaje. Son comunas que en 2021 habían votado por Boric o aprobado el proyecto constitucional progresista en 2022.
Ese desplazamiento es el costo real del fracaso del gobierno saliente. La promesa de un Estado social que devolvería dignidad a los excluidos terminó produciendo un electorado dispuesto a votar por su opuesto programático. La mujer de 60 años que esperaba una pensión digna, el estudiante que aún paga el CAE, el trabajador del norte que vio cómo su barrio se transformaba sin que el Estado respondiera — esos votantes existen y volvieron a las urnas. La pregunta no es si la izquierda chilena puede recuperar a esos votantes en el corto plazo. Es si ha entendido por qué los perdió.
El 14 de octubre de 2014, el ex gerente del grupo Penta Hugo Bravo declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente que la empresa había financiado durante años, mediante boletas de honorarios falsas, las campañas electorales de varios senadores y diputados de la UDI. Tres meses después, en enero de 2015, el escándalo se expandió a SQM — la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet — cuando una boleta falsa por 7,5 millones de pesos, emitida en julio de 2009 por la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, apareció pagada por la compañía a la campaña senatorial de Joaquín Lavín. Lo que vino después fue la confesión, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2017, de que SQM había transferido ilegalmente 14,7 millones de dólares a 223 proveedores entre 2008 y 2014, generando 1.425 boletas falsas que financiaron campañas a lo largo de todo el espectro político chileno: 45% UDI, 11% Renovación Nacional, 11% Democracia Cristiana, 10% PRI, 8% Partido Socialista, 7% PRSD, 3% PPD.
Los medios chilenos cubrieron las formalizaciones, los nombres, las cifras. Lo que casi no cubrieron fue la pregunta obvia: ¿cómo investiga con independencia un medio cuyos dueños operan en el mismo ecosistema que los investigados? La respuesta está en la cobertura. El financiamiento ilegal de la política no fue una desviación de la UDI: fue un sistema completo, transversal, sostenido por la mayoría de los grandes grupos económicos del país — los mismos que controlan los principales medios de comunicación.
Los nombres, las cifras y los casos están disponibles — y son públicos.
Chile tiene uno de los mercados de medios más concentrados de América Latina, una región que ya parte con altos niveles de concentración. Los datos provienen del informe "Mapa de la concentración de medios en Chile", elaborado por el investigador Luis Breull y entregado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a fines de 2015 — un documento que el propio CNTV nunca publicó oficialmente, y cuyas cifras se conocen por filtraciones a la prensa especializada.
En prensa escrita, el duopolio entre Grupo El Mercurio S.A.P. de la familia Edwards y Consorcio Periodístico de Chile (Copesa) de Álvaro Saieh concentra el 80% de la lectoría y el 83% de la inversión publicitaria. Si se suman los cuatro mayores operadores del sector, el índice de concentración alcanza el 98%. No es un duopolio en el sentido de que compitan con visiones opuestas: los investigadores Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy describieron el sistema chileno en su libro "La concentración económica de los medios de comunicación en Chile" (LOM, 2001) como "un duopolio de la propiedad pero un monopolio ideológico". Ambos grupos defienden el modelo económico heredado de la dictadura, rechazan reformas tributarias estructurales y comparten una orientación editorial conservadora.
En televisión abierta, los cuatro canales principales — Canal 13, Mega, Chilevisión y TVN — concentran el 91% de la audiencia y el 87% de los ingresos publicitarios, según el mismo informe. Canal 13 pertenece al 100% al Grupo Luksic. Mega es propiedad del Grupo Bethia, ligado a la rama Heller Solari de la familia Falabella. Chilevisión nació como Canal 9 de la Universidad de Chile en noviembre de 1960; pasó a manos del grupo venezolano Cisneros en 1993, luego a Claxson en el año 2000, y en abril de 2005 fue comprado por Sebastián Piñera a través de su empresa Bancard por 25 millones de dólares. En 2010, ante la presión política por el conflicto de intereses que suponía gobernar siendo dueño de un canal, Piñera vendió Chilevisión a Turner Broadcasting (filial de Time Warner) por unos 140 millones de dólares. Desde entonces, la señal ha pasado por las sucesivas reorganizaciones corporativas de su matriz — Turner, WarnerMedia, ViacomCBS y Paramount Global — sin volver a manos chilenas. Y TVN, el canal "público", se financia exclusivamente con publicidad comercial — sin aporte estatal directo — lo que lo hace estructuralmente dependiente de los mismos anunciantes que sostienen a la competencia privada.
En radio, el índice de concentración de los cuatro mayores operadores alcanza el 78% de la audiencia y el 84% de la inversión publicitaria, encabezado por el grupo español PRISA — propietario de Radio ADN, Radio Activa, FM Hit, Imagina y Radio Pudahuel — al que se suman emisoras vinculadas a Copesa (Radio Duna), al Grupo Luksic (Tele13 Radio, Sonar, Play, Oasis) y al Grupo Bethia (Carolina, Infinita, Tiempo, Romántica). En medios digitales, Emol — del Grupo El Mercurio — concentra una proporción significativa de la lectoría online junto a la red SoyChile.
Sumando todo: el ciudadano chileno que se informa por canales convencionales — diarios, televisión, radio, internet — recibe en su inmensa mayoría información filtrada por cuatro o cinco grupos económicos cuyas otras inversiones cubren prácticamente todos los sectores donde se debaten políticas públicas: banca, minería, retail, AFP, Isapres, energía, educación superior privada.
El Mercurio se fundó en Valparaíso en 1827 — es uno de los diarios más antiguos del mundo de habla hispana en circulación — y desde 1880 está en manos de la familia Edwards. Su historia política reciente es inseparable de la del país. En los años sesenta, Agustín Edwards Eastman fue uno de los primeros patrocinadores de los economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago — los llamados "Chicago Boys" — abriéndoles espacio editorial cuando aún eran un grupo marginal en el debate académico nacional. Varios de ellos asumirían cargos económicos clave tras el golpe de Estado de septiembre de 1973.
El rol de El Mercurio en el período 1970-1973 está documentado por desclasificaciones de la propia CIA. La agencia entregó al diario, durante el gobierno de Salvador Allende, fondos directos para sostener su línea editorial opositora: el Comité 40 de la administración Nixon autorizó 700.000 dólares para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y otros 965.000 dólares el 11 de abril de 1972, según consta en los documentos desclasificados primero por el Informe Church del Senado de Estados Unidos en 1975. El total estimado del programa de financiamiento encubierto al diario fue de aproximadamente 1,5 millones de dólares de la época. Sucesivas rondas de desclasificación —la más amplia durante la administración Clinton en 2000, y luego con los archivos JFK en 2017 y los documentos publicados con motivo de los 50 años del golpe en 2023— confirmaron además que dos directivos del diario figuraban directamente en la nómina de la CIA. La conclusión textual del Comité Church es que esos esfuerzos "tuvieron un papel importante en preparar el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973".
El Grupo Edwards (El Mercurio S.A.P.) controla hoy un conglomerado integrado por 31 medios — entre diarios, radios y portales digitales — según el balance de Interferencia de 2023. Sus tres principales diarios de circulación nacional son El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda; a esto se suma una red regional con cabeceras como El Mercurio de Valparaíso, El Sur de Concepción, La Estrella, El Diario de Atacama, El Mercurio de Antofagasta y otros. El grupo también opera las radios Universo, Digital FM y Positiva FM, y los portales digitales Emol y SoyChile. La familia mantiene además presencia en otros sectores — históricamente en banca a través del Banco de A. Edwards, hoy fusionado con el Banco de Chile, y en seguros e inmobiliaria. El Mercurio no es un diario: es la columna vertebral de la prensa conservadora chilena desde hace cinco generaciones.
Andrónico Luksic Craig, fallecido en 2005, construyó desde la minería del cobre un imperio que sus hijos — Andrónico Jr., Jean-Paul y la viuda Iris Fontbona — administran hoy bajo dos vehículos: el holding industrial-financiero Quiñenco y la minera Antofagasta plc. Según Forbes, en 2026 el patrimonio de Iris Fontbona y familia se estimaba en 52.600 millones de dólares, ubicándola en el puesto 35 del ranking global de multimillonarios y consolidándola como la mayor fortuna de Chile y de toda América Latina. Quiñenco controla, en sociedad con Citigroup mediante un pacto de accionistas que les obliga a mantener al menos el 51% combinado, el Banco de Chile — segundo mayor banco privado del país. Mediante Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), una sociedad participada al 50% con Heineken Chile, controla además el 65,87% de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU), que domina el mercado nacional de cervezas, gaseosas, aguas y participa en vinos. La rama minera del grupo, Antofagasta plc — listada en la Bolsa de Londres y de la cual la familia controla cerca del 65% — opera Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar, entre las principales minas de cobre privadas del país.
En agosto de 2010, Quiñenco adquirió el 67% de Canal 13 a la Pontificia Universidad Católica por 55 millones de dólares, y en noviembre de 2017 compró el 33% restante. Hoy es propietaria absoluta del canal, de su filial de televisión de pago 13C, de las radios Tele13, Sonar, Play y Oasis, y del portal digital T13.cl. Que la familia controladora de la mayor compañía minera de cobre privada del país, del segundo banco más grande, y del mayor productor de bebidas, sea simultáneamente propietaria del segundo canal de televisión abierta con mayor audiencia, no es un detalle administrativo: define qué temas serán cubiertos con qué profundidad, y cuáles no.
Álvaro Saieh Bendeck, economista y empresario nacido en Colombia en 1949 y residente en Chile desde la infancia, controla el holding CorpGroup. Su trayectoria empresarial se desplegó simultáneamente en cuatro frentes: banca (en 1995 adquirió el Banco de Concepción —entidad fundada en 1871— y dos años más tarde lo renombró CorpBanca, transformándolo en el cuarto banco privado más grande del país; en enero de 2014 anunció su fusión con el brasileño Itaú, concretada en 2016, dejando a Saieh como segundo accionista del banco resultante hasta su salida del control en 2022); retail (el holding SMU, controlador de los supermercados Unimarc y otras 50 cadenas regionales); medios (Copesa, controlado mayoritariamente desde 2000); y bienes raíces, hoteles y arte.
El imperio Saieh entró en crisis en 2013, cuando se descubrieron triangulaciones de fondos desde CorpBanca hacia SMU para sostener al supermercadista en pérdidas. Las AFP retiraron sus depósitos del banco; el gobierno de Sebastián Piñera intervino mediante BancoEstado para estabilizar a la entidad; y se acordó la fusión con Itaú como salida ordenada. En 2021, la matriz CorpGroup Banking se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, con una deuda principal de 843 millones de dólares con Itaú Unibanco. En 2023, Saieh no pudo pagar un bono adicional de 500 millones de dólares emitido en Nueva York, agravando la crisis del grupo.
Copesa controla La Tercera — el segundo diario de mayor circulación del país — más La Cuarta, Pulso, Diario Concepción, Qué Pasa, Paula y la radio Duna. Una particularidad documentada por El Mostrador en 2011: cuando CorpBanca operaba como uno de los principales otorgantes del Crédito con Aval del Estado (CAE), las páginas editoriales de La Tercera y Qué Pasa defendían sistemáticamente la mantención del sistema de financiamiento universitario que generaba ingresos directos al banco del propio dueño del medio. La transparencia sobre ese conflicto de interés nunca apareció en las notas correspondientes.
La familia Solari controla, a través de varias ramas — Dersa (Del Río), Auguri (Karlezi Solari), Corso (Cortés Solari), Liguria (Cúneo Solari) y Bethia (Heller Solari) — el holding Falabella S.A., uno de los conglomerados de retail más grandes de América Latina. El grupo opera en siete países y reúne las siguientes marcas: Falabella (tiendas por departamento), Sodimac y Homecenter (mejoramiento del hogar), Tottus (supermercados e hipermercados), Banco Falabella, Seguros Falabella, la tarjeta de crédito CMR, los centros comerciales Mall Plaza y Open Plaza, la franquicia exclusiva de IKEA para Sudamérica, y operaciones inmobiliarias y de comercio electrónico bajo Falabella.com.
Una de esas ramas — el Grupo Bethia, controlado por Liliana Solari Falabella y sus hijos Carlos y Andrea Heller Solari — adquirió en 2012 el control total del canal Mega por aproximadamente 88.832 millones de pesos. En 2016, Bethia vendió el 27,5% del canal a Discovery Communications por 60 millones de dólares; en octubre de 2023 recompró ese paquete, volviendo a controlar el 100% de Mega. Bethia mantiene además cerca del 10% de la propiedad de Falabella, una cartera de radios (Carolina, Infinita, Tiempo, Romántica), participación en LATAM Airlines y en Aguas Andinas. La ecuación es directa: el dueño del canal Mega es accionista relevante del mayor conglomerado de retail del país y, simultáneamente, es uno de los principales avisadores publicitarios de la propia televisión chilena. Es difícil imaginar un reportaje crítico en Mega sobre las prácticas laborales de Falabella, sobre los precios de Tottus, o sobre las tasas de interés del Banco Falabella. Esa imposibilidad no requiere instrucción explícita: opera por gravitación.
La concentración de la propiedad mediática tendría menos consecuencias si los dueños de los medios no estuvieran conectados con los mismos grupos que necesitan cobertura favorable. Los casos Penta y SQM documentan esa conexión mejor que cualquier teoría.
El llamado "Pentagate" estalló a mediados de 2014, cuando el Servicio de Impuestos Internos investigó a Empresas Penta — uno de los grupos económicos más influyentes de la derecha chilena, controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín — por uso de boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas para reducir la base imponible. El monto evadido en impuestos se estimó en cerca de 400 millones de pesos.
El caso adquirió dimensión política en octubre de 2014, cuando el ex gerente de Penta Hugo Bravo declaró ante la Fiscalía que el grupo había financiado de manera irregular las campañas electorales de senadores, diputados y candidatos presidenciales de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Entre los nombres que aparecieron en la investigación figuran Jovino Novoa, fundador histórico del partido y ex senador; Iván Moreira, senador por Los Lagos; Ena von Baer, senadora por Los Ríos; Ernesto Silva, entonces presidente del partido; Pablo Zalaquett, ex alcalde de Santiago; Laurence Golborne, ex ministro de Piñera y precandidato presidencial; y el subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner. Wagner fue formalizado el 4 de marzo de 2015 por los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, tras recibir 14 pagos bimensuales de 3 millones de pesos —un total de 42 millones— del grupo Penta mientras ejercía el cargo (entre marzo de 2010 y octubre de 2012). En julio de 2018, mediante un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía, fue absuelto del cohecho y condenado únicamente por delitos tributarios reiterados y enriquecimiento patrimonial relevante e injustificado. Ningún controlador de Penta cumplió pena efectiva.
El Grupo Penta es propietario, entre otras cosas, de Banmédica e Isapre Vida Tres — dos de las principales aseguradoras privadas de salud de Chile. En 2014, en plena tramitación legislativa de modificaciones a la Ley de Isapres, Carlos Eugenio Lavín envió un correo al diputado Ernesto Silva pidiéndole que "buscara una solución" para desactivar una indicación que afectaba directamente al negocio. La indicación fue desactivada. La conexión entre el financiamiento ilegal de campañas y la regulación de los sectores donde operan los financistas no es indirecta: está documentada en correos electrónicos incautados por la Fiscalía.
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) es una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y nitratos. Su controlador histórico, Julio Ponce Lerou, fue yerno de Augusto Pinochet y construyó su posición sobre la privatización de Soquimich durante la dictadura — operación que la Comisión Funa y otras investigaciones han documentado como una de las transferencias de activos públicos más cuestionadas del período militar.
El caso SQM emergió en enero de 2015, como derivación del caso Penta, cuando el SII detectó una boleta falsa por 7,5 millones de pesos emitida a SQM por la cuñada del subsecretario Wagner — destinada a financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín en 2009. La investigación posterior reveló una operación de escala completamente distinta a la de Penta. Un informe encargado por la propia SQM al estudio jurídico estadounidense Shearman & Sterling concluyó que entre 2008 y 2014 la compañía había transferido ilegalmente 14,7 millones de dólares a 223 proveedores, generando 1.425 boletas falsas que financiaron campañas en todo el espectro político.
El detalle por partido — 45% UDI, 11% RN, 11% DC, 10% PRI, 8% PS, 7% PRSD, 3% PPD — es lo que distingue al caso SQM de cualquier otro escándalo de financiamiento irregular en la historia chilena: la empresa no compraba a un partido. Compraba acceso a todo el sistema. En 2017, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, SQM reconoció formalmente haber realizado "pagos indebidos" a políticos chilenos por esa cifra, acogiéndose a un acuerdo bajo la Foreign Corrupt Practices Act estadounidense. La compañía pagó multas en Estados Unidos. En Chile, casi ningún político involucrado fue condenado: la causa se diluyó entre prescripciones, sobreseimientos y acuerdos abreviados.
El grupo Angelini — controlador del CEP, que documentamos en otro artículo de El Contexto — también apareció investigado por aportes irregulares a campañas durante el mismo período, a través de sus empresas Copec, Celulosa Arauco, Corpesca y Cruz del Sur, por un total de 2.250 millones de pesos en pagos a sociedades vinculadas a políticos de RN, DC, UDI, PPD y otros. Endesa, controlada entonces por el español Jorge Rosenblut (PPD), también financió campañas mediante estructuras similares. El financiamiento ilegal de la política, en otras palabras, no fue una desviación de la UDI: fue un sistema completo, transversal, sostenido por la mayoría de los grandes grupos económicos del país.
En 2015, el Consejo Nacional de Televisión encargó al investigador Luis Breull el estudio "Mapa de la concentración de medios en Chile". El informe fue entregado al CNTV en octubre de ese año. Nunca fue publicado oficialmente. Su contenido se conoce a través de las filtraciones recogidas por medios como El Desconcierto, Servindi, Revista Fibra y Observacom. El documento confirma que los cuatro principales operadores de cada sector — prensa, radio, televisión, medios digitales — concentran más del 90% del mercado, una proporción superior al promedio latinoamericano del 80%.
Estudios académicos previos y posteriores documentan otra dimensión del problema: la publicidad oficial. Una investigación citada por la Asociación por los Derechos Civiles, basada en datos de la Fundación FUCATEL, mostró que el 77% de las empresas estatales y el 83% de los ministerios destinaban su pauta publicitaria a los conglomerados de El Mercurio y Copesa. Datos más recientes recogidos por Interferencia a partir de la plataforma ChileCompra muestran que entre 2016 y 2022 los medios del Grupo Edwards recibieron contratos del Estado por aproximadamente 55.196 millones de pesos. El Estado chileno, mediante sus avisos institucionales, financia activamente el sistema que concentra la información.
La concentración mediática chilena no produce mentiras explícitas. Produce algo más sutil y más persistente: lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó "la censura invisible" — el conjunto de temas que naturalmente no se cubren, de preguntas que naturalmente no se hacen, de perspectivas que naturalmente no aparecen en pantalla. El sesgo opera por selección, no por falsificación. Cuando los dueños de los medios son simultáneamente propietarios de bancos, AFP, Isapres, mineras, retail y universidades privadas, las políticas públicas que afectan a esos sectores son cubiertas con un sesgo estructural a favor del statu quo.
Eso explica por qué el estallido social de octubre de 2019 fue cubierto desde el primer minuto, por la mayoría de los medios masivos, como un problema de orden público antes que como una crisis de desigualdad. Por qué la reforma tributaria que el gobierno de Boric envió al Congreso en 2022 fue cuestionada con una intensidad editorial que ningún recorte fiscal ha recibido jamás. Por qué el debate sobre el reemplazo de las AFP siempre se presenta como "técnicamente complejo", mientras que la mantención del sistema de capitalización individual se presenta como "responsable" y "seria".
No es conspiración. Es estructura. Los dueños del debate público chileno son los mismos que tienen interés en que ese debate llegue hasta cierto punto y no más allá.
Otros países de la OCDE establecen límites legales a la concentración de medios. Chile no tiene esa regulación. La legislación chilena limita la propiedad extranjera en radiodifusión al 30% del capital, pero no regula la propiedad cruzada — es decir, que un mismo grupo controle simultáneamente prensa escrita, televisión y radio. Tampoco establece límites a la concentración horizontal dentro de cada sector. La ausencia de una ley de medios moderna ha sido señalada por la UNESCO y por Reporteros sin Fronteras como una anomalía regional: RSF ha pedido a Chile que adopte una nueva legislación que garantice un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el espacio de difusión, señalando que cerca del 95% de la prensa escrita está en manos de dos grupos privados.
Saber quién es dueño del medio que uno consume es la primera forma de defensa que tiene un ciudadano frente a este sistema. No significa dejar de leer La Tercera ni de ver Mega. Significa leerlos sabiendo desde dónde hablan, qué intereses representan, y qué preguntas no se harán nunca en sus páginas o en sus pantallas.
Cuando tu abuela cobra una pensión de 250 mil pesos, cuando esperás 8 meses por una hora médica, cuando estudiar te endeuda 15 años — alguien decidió que el sistema funcionara así. Esos "alguien" no son los ministros. Son tres oficinas de ideas que llevan 35 años escribiendo las leyes que ningún gobierno cambia.
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El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile. Tres días antes, el think tank Libertad y Desarrollo había publicado en su sitio web un comunicado oficial. La cifra que entregaba era llamativa: "En total, más de 75 personas vinculadas a nuestro centro de estudios pasarán a desempeñar funciones en el gobierno, dando cuenta del cumplimiento concreto de nuestra misión institucional." La frase merece pausa. LyD no decía estar orgulloso de que sus investigadores sirvieran al país. Decía que colocar funcionarios en el Estado era parte de su misión declarada. No un efecto secundario. El plan.
Los think tanks chilenos llevan décadas operando en una zona discreta del debate público, entre la academia y los partidos políticos. Producen los estudios que circulan en el Congreso. Los argumentos que aparecen en columnas de El Mercurio. Los diagnósticos que justifican cada reforma. Y los financian un puñado de grupos económicos cuyos intereses coinciden, demasiadas veces, con las políticas que esos estudios recomiendan. Este artículo mapea ese circuito.
Libertad y Desarrollo (LyD) fue fundada en 1990 por cuatro ex altos funcionarios del régimen militar. Hernán Büchi Buc había sido ministro de Hacienda entre 1985 y 1989 — el arquitecto técnico del modelo económico que el país heredó de la dictadura. Carlos F. Cáceres había sido ministro del Interior bajo Pinochet. Cristián Larroulet había sido jefe de gabinete del propio Büchi durante la dictadura. Luis Larraín había trabajado en el Ministerio del Trabajo de José Piñera, también bajo Pinochet. En lugar de retirarse, fundaron un think tank.
El objetivo declarado en su sitio web es que "las políticas públicas en Chile se orienten a defender la libertad individual, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho de propiedad". El método ha sido el mismo durante 35 años: producir estudios, llevar propuestas al Congreso, formar funcionarios. Un reportaje de La Segunda de 2018 evaluó la transparencia de los think tanks chilenos en una escala de 0 a 7; LyD obtuvo 1. La fundación no publica su lista de financistas. Su director Luis Larraín ha declarado que se sostiene con "800 donantes" entre personas naturales y jurídicas, sin más detalle.
Hernán Büchi, el fundador, sigue cobrando millones de pesos al año por su presencia en directorios de las empresas más grandes del país. En 2025 fue el segundo director mejor pagado de Chile, según el ranking de directores del IPSA publicado por La Tercera, con remuneraciones por $2.494 millones. La cifra se desglosa así: $1.008 millones de SQM, $931 millones de Quiñenco — el holding del Grupo Luksic —, $348 millones de Vapores y $207 millones de Banco de Chile. También integra el directorio de Falabella desde 2020. En enero de 2026, Büchi salió del directorio de Quiñenco tras 35 años en esa mesa, en el mismo movimiento corporativo en que el grupo Luksic cedió a su CEO de tres décadas al gabinete de Kast.
Esa es la primera frontera del circuito: el fundador del principal think tank ideológico de la derecha chilena ha cobrado durante décadas como director de los principales grupos económicos del país. La distancia entre la producción intelectual y los intereses materiales no es una sospecha. Es un detalle de las memorias anuales de las empresas.
El comunicado oficial de LyD del 21 de enero de 2026, anunciando la incorporación de sus investigadoras al gabinete, identificó dos nombres específicos. María Paz Arzola, hasta ese momento coordinadora del Programa Social de LyD desde 2018, fue designada ministra de Educación. Francisca Toledo, investigadora de LyD desde 2022, fue designada ministra de Medio Ambiente. Las dos asumieron formalmente el 11 de marzo de 2026.
Arzola, ingeniera comercial con magíster en Economía de la Universidad Católica, había trabajado en LyD desde 2010 con una breve interrupción entre 2016 y 2018. En septiembre de 2025, durante la campaña presidencial, asumió un rol público de vocería del comando de Kast en materia educativa. Llegó al ministerio crítica del Sistema de Admisión Escolar y del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior — al que ha llamado "una amenaza para el Fisco". Toledo, ingeniera civil industrial con magíster en Derecho Regulatorio de la UC, había trabajado entre 2014 y 2017 como ingeniera de estudios y luego gerenta de estrategia de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, gremio del sector portuario y naviero — antes de incorporarse a LyD en 2022.
Pero las dos ministras son apenas la punta visible. El propio comunicado de LyD habla de "más de 75 personas". El think tank no es un centro académico que ocasionalmente aporta cuadros al Estado. Es una incubadora institucional que ha hecho del traslado de personal al gobierno parte de su misión declarada. Esa frase — "el cumplimiento concreto de nuestra misión institucional" — es la admisión más clara que cualquier think tank chileno haya hecho públicamente sobre su rol político.
El ejemplo más documentado del circuito en operación es el sistema de pensiones. El Decreto Ley 3.500, promulgado en noviembre de 1980 bajo la dictadura militar, reemplazó el antiguo régimen de reparto por un sistema de capitalización individual administrado por sociedades anónimas privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones. El arquitecto técnico de ese diseño fue José Piñera, ministro del Trabajo de Pinochet en ese momento. El ministro de Hacienda que lo respaldó políticamente desde 1985 fue Hernán Büchi — el mismo que, en 1990, fundaría LyD.
Durante los 35 años que LyD lleva existiendo, su Programa Económico ha producido decenas de informes, columnas y propuestas defendiendo la capitalización individual sin reparto solidario. La línea editorial del think tank ha sido consistente: el sistema es perfectible en márgenes — comisiones, rentabilidades, traspasos —, pero su núcleo, que cada trabajador ahorre individualmente para sí mismo, no se discute. Esa es exactamente la posición que la Asociación Gremial de AFP de Chile, organismo que reúne a las administradoras del sistema, ha defendido durante el mismo período.
El cruce de personal entre LyD, las AFP y el Estado es verificable en las memorias anuales de las propias empresas. Rodrigo Pérez Mackenna — hermano del actual canciller Francisco Pérez Mackenna — fue ministro de Vivienda durante el primer gobierno de Piñera y luego presidente de la Asociación Gremial de AFP de Chile entre 2014 y 2016. Hoy integra el Consejo Asesor de LyD. Juan Carlos Jobet, ministro del Trabajo del primer gobierno de Piñera y luego ministro de Energía y Minería del segundo, defendió en 2013 ante el Grupo Sura — uno de los principales operadores de AFP en Chile — la "filosofía del sistema" de capitalización individual; hoy integra el directorio de Quiñenco junto a Hernán Büchi. Las posiciones se repiten porque las personas que las sostienen son, literalmente, las mismas.
La reforma previsional aprobada en enero de 2025 bajo el gobierno de Boric — la Ley 21.735 — es la prueba más reciente del límite del cambio posible. La ley introduce una cotización adicional de 7% pagada por el empleador y un componente de seguro social, pero conserva la cuenta de capitalización individual administrada por las AFP como núcleo del sistema. La AFP Capital lo describió en su comunicado oficial: "Esta reforma consolida la capitalización individual e incorpora una pieza clave que hasta ahora estaba ausente en la ecuación: el empleador". El movimiento No+AFP, que llevó a millones de personas a las calles entre 2016 y 2019 exigiendo el reemplazo del sistema, terminó con una reforma que lo consolidó. Esa es la medida exacta del éxito de 35 años de producción intelectual de LyD: el modelo que defendió desde la dictadura sigue siendo el núcleo del sistema previsional chileno bajo gobiernos de izquierda.
El movimiento más revelador de la nueva administración no fue ninguna ministra. Fue el nombramiento del canciller. Francisco Pérez Mackenna, designado ministro de Relaciones Exteriores de Kast el 21 de enero de 2026, había dirigido durante 30 años Quiñenco — el holding del Grupo Luksic, propiedad de la familia más rica de Chile. Quiñenco controla Banco de Chile, la cervecera CCU, la naviera Vapores, la portuaria SAAM. Pérez Mackenna fue durante tres décadas el ejecutivo de mayor confianza de la familia Luksic en la cúpula corporativa del país.
Su salto al gabinete de Kast fue inmediato. La transición se hizo con tal rapidez que la Comisión para el Mercado Financiero recibió la misma semana el "hecho esencial" en el que Quiñenco anunciaba su sucesor — Macario Valdés, ex CEO de SAAM — y el reordenamiento del directorio. En ese mismo movimiento, Hernán Büchi se retiró del directorio de Quiñenco tras 35 años. La sociedad anónima del Grupo Luksic ajustó simultáneamente dos piezas: cedió a su CEO histórico al gabinete de un Presidente recién electo, y soltó al ex ministro de Hacienda de Pinochet de su mesa.
El gobierno de Kast no necesitó pedirle a Quiñenco un canciller. Quiñenco lo entregó. La línea entre el holding privado más grande de Chile y la Cancillería de la República desapareció en una transacción ejecutiva de un fin de semana.
Si LyD opera en el terreno de las políticas públicas técnicas, la Fundación para el Progreso (FPP) opera en el terreno cultural. Fue creada en 2012 por Nicolás Ibáñez Scott, miembro de la familia que fundó la cadena de supermercados D&S — vendida en 2009 al grupo estadounidense Walmart por aproximadamente 2.700 millones de dólares. Ibáñez es uno de los principales financistas declarados de la FPP, aunque la fundación no publica el listado completo de sus aportantes. Según un reportaje de El Mostrador de 2018, además de financiar la FPP, Ibáñez ha aportado a campañas parlamentarias de la UDI y donó 4,6 millones de pesos a la segunda vuelta presidencial de Sebastián Piñera en 2017.
El presidente del directorio de la FPP es Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen (44 años), abogado con doctorado en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, columnista habitual de El Mercurio y Diario Financiero. Su director ejecutivo desde enero de 2021 es Fernando Claro Valdés. La FPP opera con cuatro oficinas — Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia —, todas ciudades con alta concentración universitaria, en una estrategia explícita de captura de cuadros jóvenes de derecha.
Kaiser es la cara visible y el principal vocero ideológico. Sus libros — La fatal ignorancia (2009), La tiranía de la igualdad (2015), El engaño populista (2016, con Gloria Álvarez), La neoinquisición (2020) — son citados regularmente por dirigentes de la nueva derecha chilena y latinoamericana. En 2018, Kaiser conoció a Javier Milei en un seminario sobre economía austriaca en Buenos Aires; desde entonces, los dos sostienen una relación intelectual cercana. La Fundación Faro, creada en octubre de 2024 por el publicista político argentino Agustín Laje, es el think tank oficial de La Libertad Avanza y opera como el motor de ideas del gobierno de Milei. Kaiser figura como subdirector de la fundación — lo que significa que el presidente del directorio de la FPP chilena ocupa simultáneamente un cargo de dirección en el think tank del presidente argentino. No es una afinidad ideológica: es un circuito institucional compartido entre los dos países. En febrero de 2025, cuando el escándalo de la criptomoneda $LIBRA — promovida por Milei y que dejó pérdidas a más de 44.000 personas — salpicó a Faro, Kaiser intentó distanciarse del cargo ante las cámaras de CNN Chile: "Yo no soy subdirector, soy un académico asociado, mi rol es netamente de contenidos". Pero la Fundación Faro nunca lo removió de su sitio web. En agosto de 2025, Kaiser participó como orador en el evento "Voceros de la Libertad" de Faro, ante más de 300 invitados junto al presidente Milei y el ministro Caputo, presentado en el programa oficial como "subdirector de Faro". En junio de 2025, el canal A24 de Argentina lo entrevistó bajo el mismo título. El diario La Nación de Argentina lo describió, en julio de 2025, como "el libertario chileno que conquista a Javier Milei con sus teorías sobre los parásitos mentales del socialismo".
El vínculo con la elección presidencial chilena de 2025 fue directo. Johannes Kaiser, hermano mayor de Axel y diputado desde 2022, fundó en junio de 2024 el Partido Nacional Libertario (PNL) y se presentó como candidato presidencial en noviembre de 2025. Aunque no llegó a segunda vuelta, su candidatura — explícitamente alineada con el ideario que la FPP había difundido durante 13 años — instaló temas que hasta entonces no aparecían en el debate público chileno: derogación del sistema de admisión escolar mediante vouchers, supresión de cargas tributarias progresivas, indultos masivos a funcionarios policiales condenados por violaciones de derechos humanos durante el estallido. El propio Axel Kaiser declaró públicamente, en abril de 2025, que estaría dispuesto a renunciar a cualquier aspiración presidencial propia para apoyar a su hermano. Tras la victoria de Kast en segunda vuelta, Axel Kaiser dijo a El Mercurio el 21 de noviembre de 2025: "Kast va a plantear ideas en la línea de lo que estamos proponiendo. Ese es el triunfo relevante".
La FPP no necesita haber elaborado el programa de Kast para sentirlo como propio. Lleva 14 años elaborando el marco conceptual desde el cual Kast piensa, sus libros se enseñan en sus círculos, su director es hermano del candidato presidencial libertario que abrió el flanco que Kast terminó ocupando, y sus oficinas universitarias forman a los profesionales jóvenes que ahora se incorporan al gobierno. La opacidad del financiamiento es el complemento natural de esa operación: una fundación que produce ideología política y forma cuadros para el gobierno tiene todo el incentivo del mundo para no publicar quiénes le pagan.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) ocupa un lugar distinto en este ecosistema. A diferencia de LyD y la FPP, sí publica su lista de aportantes en su propio sitio web — y produce estudios con metodología explícita y revisión interna que son citados con regularidad en debate académico serio. Esa apariencia de rigor le da una legitimidad que los otros dos no tienen en el mismo grado.
Pero la pregunta sobre quién paga sigue siendo central, y en ese punto el CEP es el caso más documentado. Sus aportantes incluyen a Empresas Copec, AntarChile, Celulosa Arauco, Empresas CMPC, Banco de Chile, BCI, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Quiñenco, Minera Los Pelambres, Inversiones Angelini y Cía., entre decenas de empresas de los principales grupos económicos del país. Una investigación académica firmada por Juan Jesús Morales-Martín, Martín Videla-Rocha y Roberto Ibacache-Monasterio, publicada en 2023 en la revista Convergencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, demostró que hasta 40 consejeros directivos del CEP ocupan cargos en empresas que financian al CEP. La métrica de centralidad de la red corporativa identifica a los grupos Angelini, Luksic y Matte como los nodos más conectados.
El CEP no solo produce encuestas: también elabora propuestas de política pública sobre pensiones, salud, educación, regulación tributaria y medio ambiente — exactamente los sectores donde sus aportantes tienen intereses económicos directos. La pregunta no es si los investigadores del CEP son personalmente honestos. La pregunta es estructural: una fundación cuya operación se sostiene en aportes anuales de los mayores grupos económicos del país, y cuyo Consejo Directivo está integrado por representantes de esos mismos grupos, opera con incentivos institucionales que cualquier ciencia social en serio reconoce como problemáticos.
El mecanismo opera en dos direcciones. En una, el Estado contrata encuestadoras para medir la opinión pública — y las mismas firmas que le cobran al gobierno también le toman el pulso a ese mismo gobierno. En la otra, grupos económicos y think tanks encargan estudios para construir legitimidad para sus políticas: una encuesta que da 60% de apoyo a un proyecto minero, una medición que muestra que el 70% rechaza una reforma tributaria, un estudio que concluye que la ciudadanía prefiere el sistema privado de salud. Los números circulan en los medios como termómetro de la opinión pública. Raramente se menciona quién los encargó ni qué pregunta se formuló.
El mecanismo no requiere coordinación explícita. No hay una reunión donde los empresarios le dicen a los think tanks qué escribir. Es más sutil — y por eso, más eficiente.
Funciona así: los grandes grupos económicos financian los think tanks; los think tanks producen estudios que tienden a concluir que las políticas que favorecen a esos grupos son las más convenientes para Chile; esos estudios circulan en el Congreso, en los medios y en los equipos de campaña; los investigadores se convierten en asesores de candidatos; cuando el candidato gana, los asesores se convierten en ministros; desde el gobierno, aplican las políticas que los think tanks llevan años recomendando. Los mismos grupos que financiaron el ciclo se benefician al final.
En cada vuelta, cada actor puede decir honestamente que actuó según sus convicciones. El empresario que dona cree en el libre mercado. El investigador que escribe cree en sus conclusiones. El ministro que aplica la política cree que es lo mejor para Chile. Nadie miente. Pero el resultado final es que las políticas públicas de un país de 19 millones de personas fueron diseñadas, en parte sustantiva, por organizaciones financiadas por un puñado de familias que se benefician directamente de ellas.
El modelo chileno no es chileno. La Heritage Foundation de Estados Unidos publicó en abril de 2023 un manual de gobierno de 887 páginas titulado "Mandate for Leadership", conocido públicamente como Proyecto 2025, diseñado para ser aplicado si Donald Trump ganaba las elecciones de 2024. Trump ganó. Y varios de los autores y editores de ese manual ocupan hoy cargos en su administración.
El 18 y 19 de mayo de 2024, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, Vox organizó la convención Europa Viva 24. Asistieron presencialmente Javier Milei (presidente de Argentina), Marine Le Pen (Reagrupación Nacional, Francia), Santiago Abascal (Vox, España), André Ventura (Chega, Portugal), Amichai Chikli (ministro israelí de Asuntos de la Diáspora) y José Antonio Kast, entonces líder del Partido Republicano chileno. Por video conferencia participaron Viktor Orbán (primer ministro de Hungría) y Giorgia Meloni (primera ministra de Italia). Y desde Estados Unidos asistieron presencialmente Roger Severino, vicepresidente de la Heritage Foundation y uno de los autores del Proyecto 2025, junto con Matt Schlapp, presidente de la American Conservative Union y organizador de la CPAC. La convención fue analizada en detalle por la revista de geopolítica El Grand Continent y por el centro de estudios Illiberalism Studies Program.
Año y medio después, Kast ganó la presidencial chilena. La conexión no era ideológica únicamente: era operativa. Los mismos cuadros que diseñan los manuales de gobierno en Estados Unidos viajan a las convenciones donde se forman los líderes que después aplican esos manuales en sus países. El circuito que en Chile se llama LyD-FPP-CEP tiene sus equivalentes en cada país y se conecta con los demás a través de cumbres como Europa Viva 24.
El programa de gobierno de Kast contiene cuatro frentes específicos donde la coincidencia con las posiciones históricas de los think tanks chilenos será verificable durante los próximos meses. Vale la pena nombrarlos con sus protagonistas, porque son los lugares donde el circuito dejará huellas medibles.
Educación. María Paz Arzola asumió el Ministerio de Educación tras 16 años en LyD trabajando exclusivamente en políticas educativas. Su posición pública previa al cargo es conocida: critica la Ley de Inclusión Escolar, defiende la reposición de la selección en colegios subvencionados — una de las propuestas históricas de LyD —, y describió el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) como "una amenaza para el Fisco". El programa de Kast plantea reemplazar el actual Sistema de Admisión Escolar y avanzar hacia un esquema de mayor autonomía para los sostenedores privados que reciben subvención estatal. Cualquier reforma educativa que Arzola impulse desde el Mineduc va a coincidir con las propuestas que ella misma elaboró en LyD durante los últimos seis años.
Pensiones. Aunque el ministro del Trabajo no es originario de LyD, las posiciones técnicas del think tank sobre el sistema previsional están instaladas hace 35 años. Las modificaciones probables a la reforma de Boric — corrección de la cotización adicional, ampliación del rol de las AFP, ajustes a las normas de inversión — son las que LyD ha venido planteando en sus comentarios oficiales a la tramitación legislativa entre 2024 y 2025, publicados en su sitio web. La pregunta no es si las propuestas de LyD serán aplicadas. Es cuáles, en qué secuencia y con qué efectos sobre las pensiones promedio.
La primera evidencia — a siete semanas de gobierno. En octubre de 2025, en pleno debate presidencial, Kast fue categórico: "Nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy día exista." En abril de 2026, el Ministerio de Hacienda — encabezado por Jorge Quiroz — instruyó a todos los ministerios recortes por 2,8 billones de pesos, incluyendo la Pensión Garantizada Universal, el Bono Invierno, la gratuidad universitaria y el Programa de Alimentación Escolar. En el mismo paquete, una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. LyD lleva décadas argumentando que el gasto social chileno es insostenible y que el impuesto corporativo desincentiva la inversión. Quiroz no necesitó leer a LyD la semana que asumió — llevaba años leyéndolo.
Medio ambiente y permisos. Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente, viene de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, donde fue gerenta de estrategia entre 2014 y 2017. El programa de Kast plantea simplificar la "permisología" para inversiones extractivas y portuarias — una posición que coincide tanto con los intereses del gremio donde Toledo trabajó como con las propuestas históricas de LyD sobre regulación ambiental. Los proyectos mineros y portuarios que enfrentan rechazos ambientales hoy podrían encontrar tramitación más expedita a partir de marzo de 2026.
Política exterior y comercial. Francisco Pérez Mackenna llega a la Cancillería tras 30 años dirigiendo Quiñenco. Sus contactos internacionales — desarrollados como director de AmCham Chile y consejero de Sofofa, y como representante del grupo Luksic en directorios internacionales como Hapag-Lloyd y Nexans — son los de la red empresarial chilena más globalizada. El alineamiento de Chile con bloques específicos — Estados Unidos, Israel, los gobiernos de Milei y de Trump — figura entre las prioridades declaradas del programa de Kast. La Cancillería será el espacio donde se traduzca, en tratados y posiciones diplomáticas, el ecosistema ideológico que conecta Heritage Foundation, Vox, Faro y la FPP.
Estas cuatro reformas son verificables. Cada una tiene un ministro nombrado, un programa público, una posición histórica documentada de LyD o de la FPP, y un grupo económico identificable que se beneficia. La pregunta del periodismo en los próximos meses no es si el circuito existe. Es cuán lejos llega.
El gobierno de Kast no necesita pedirle a LyD que elabore su programa. LyD ya lo elaboró — durante 35 años, en forma de estudios, propuestas e informes. Cuando Kast ganó, los autores de ese programa simplemente ocuparon los ministerios. La distancia entre el think tank y el gabinete dejó de ser una metáfora: es una nómina de funcionarios con sus cargos previos en LyD escritos en LinkedIn.
Las preguntas que vale la pena seguir en los próximos meses son concretas y medibles: ¿las reformas que impulsa el gobierno en educación, pensiones, medio ambiente y tributación coinciden con las posiciones históricas de LyD y la FPP? ¿Qué estudios cita el gobierno para justificar sus políticas y quién los financió? ¿Hay alguna propuesta del programa de Kast que contradiga los intereses de los grandes grupos que financian estos think tanks?
La presunción de mala fe no es periodismo. Pero la transparencia sí lo es. Y en Chile, la opacidad del financiamiento de los think tanks hace imposible tener esa transparencia. LyD lleva 35 años produciendo las ideas que gobiernan al país y no publica quién le paga. La FPP lleva 14 años formando los cuadros culturales de la derecha y tampoco. La pregunta más simple es también la más incómoda: si el financiamiento fuera verdaderamente inocente, ¿por qué ocultarlo?
Cada lunes, los noticieros abren con un número: "el 54% apoya esto", "la aprobación del Presidente subió 3 puntos". Casi nunca te dicen quién pagó por esa encuesta. Y el dato cambia todo.
¿Querés los datos completos, los nombres, los contratos, las fuentes? Lee el artículo completo abajo.
Cada lunes, los principales medios chilenos abren su pauta política con los mismos tres números: la aprobación del Presidente, la intención de voto en la próxima elección, el porcentaje que respalda o rechaza una reforma. Las cifras tienen origen en tres firmas — Cadem, el Centro de Estudios Públicos y Criteria — que llevan más de una década dominando el mercado chileno de la opinión pública. Lo que casi nunca se menciona, ni en la nota matinal de la radio ni en la apertura del noticiero, es quiénes son los dueños de esas firmas, quiénes pagan sus contratos, qué intereses representan los ejecutivos que sientan en sus directorios y cuáles son las limitaciones metodológicas de los números que se presentan como termómetro de la voluntad popular. Este artículo lo hace.
Roberto Izikson, gerente general de Cadem desde el 1 de marzo de 2023, es la cara pública de la firma que entrega cada lunes la encuesta Plaza Pública. Antes de incorporarse a Cadem a fines de 2013, Izikson se había desempeñado como Director de Estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre marzo de 2010 y septiembre de 2013. En ese cargo era, según un reportaje de El Mostrador publicado en mayo de 2017, "el hombre que se contactaba con las empresas a cargo de los análisis", entre ellas Iccom y Cadem — que en 2012 se fusionaron para crear la empresa donde Izikson asumiría la gerencia de Asuntos Públicos pocos meses después de dejar La Moneda.
El vínculo no es solo biográfico. Según los registros de Mercado Público sistematizados por Interferencia, durante el segundo gobierno de Piñera (entre marzo de 2018 y enero de 2022) Cadem firmó 91 contratos públicos con organismos del Estado por un total de 2.783.122.234 pesos. De esos contratos, 37 fueron con la Segegob — el mismo ministerio donde Izikson había trabajado — por aproximadamente 850 millones de pesos. La firma que publicaba cada lunes la aprobación semanal del Presidente era contratada simultáneamente, mediante trato directo en muchos casos, por el ministerio de comunicaciones del Presidente cuya aprobación medía.
El gobierno de Gabriel Boric no rompió el patrón. Según la actualización publicada por Interferencia en julio de 2025, durante los tres años y medio del mandato Boric el Estado pagó a Cadem 2.643.065.576 pesos. El principal contratante fue el Ministerio de Hacienda, dirigido por Mario Marcel: cinco contratos por un total de 1.612 millones de pesos. La Segegob, por su parte, no firmó ningún contrato con Cadem durante el gobierno de Boric — pero el resto de los ministerios y subsecretarías sí lo hicieron.
El caso de Exponential Ingeniería es el más revelador del cruce entre campaña electoral y contrato estatal. La firma, constituida en 2018 a nombre de Lorena Pizarro Rodríguez y dedicada en sus estatutos a "servicios relacionados con actividades de arquitectura e ingeniería", no registraba ninguna compra pública en Mercado Público antes de diciembre de 2021. Ese mes apareció en la rendición de gastos de segunda vuelta de Gabriel Boric ante el Servel: 18.206.502 pesos por un "análisis y estudio cualitativo de la campaña presidencial". Cuatro meses después, el 24 de marzo de 2022 — dos semanas después del cambio de mando —, la Presidencia de la República solicitó a la misma firma un estudio cualitativo sobre el cambio de mando; el contrato se formalizó en abril vía trato directo, bajo causal de urgencia, por 8 millones de pesos. Según la resolución oficial disponible en Mercado Público, el servicio tuvo por objeto "recoger la opinión de la ciudadanía en varias regiones del país respecto del Cambio de Mando 2022". No hubo licitación.
Karen Thal, presidenta del directorio de Cadem desde marzo de 2023 — y antes gerente general durante quince años —, integra una red de directorios que cruza varios de los sectores económicos sobre los cuales su firma toma encuestas. Es directora de la AFP Cuprum, de la Clínica Alemana, de Empresas SB (matriz de Salcobrand, Preunic y Pharmabenefits) y, desde octubre de 2020, miembro del directorio de SGA Gestión Ambiental, consultora fundada por Jaime Solari y defensora pública del proyecto minero Dominga, impulsado por la familia Délano. Cinco meses después de la incorporación de Thal al directorio de SGA, en marzo de 2021, Cadem publicó el "Barómetro de Opinión Pública: Región de Coquimbo" que reportaba un 60% de apoyo al proyecto Dominga. El sociólogo Giorgio Boccardo, investigador de la Fundación Nodo XXI, demostró que al circunscribir la muestra al universo que conocía el proyecto — un 82% de los encuestados — el apoyo real era de 49,2%, no de 60%. Ninguna corrección fue publicada por Cadem.
El cuestionamiento metodológico no es nuevo. En febrero de 2020, Cristián Valdivieso, fundador y director de Criteria — la encuestadora competidora —, criticó públicamente a Cadem en Twitter por una pregunta de la encuesta Plaza Pública sobre la reforma previsional que, según Valdivieso, había sido formulada con sesgo. La respuesta de Izikson, en el mismo hilo, fue mostrar la facturación anual de Cadem al Estado: "Para que le dé más envidia a Cristián Valdivieso. Aquí facturación anual de Cadem al Estado desde 2013. Mejor año: 2016 con la Presidenta Bachelet. Somos buenos haciendo nuestro trabajo, sin importar el gobierno de turno". El cruce, documentado por La Tercera el 9 de febrero de 2020, se cerró sin corrección pública del cuestionamiento metodológico. La Asociación de Investigadores de Mercado (AIM Chile) ya había pedido a Cadem mejorar sus estándares; Cadem optó por renunciar a la AIM.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) se presenta en su propio sitio web como una "fundación privada sin fines de lucro de carácter académico" orientada a una "sociedad libre y democrática". Su lista de aportantes, declarada por la propia institución, dice algo concreto: la integran Empresas Copec, AntarChile, Celulosa Arauco y Constitución, Empresas CMPC, Banco de Chile, BCI, BiceCorp, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Quiñenco, Minera Los Pelambres, Inversiones Angelini y Cía., Empresas SB, Falabella, Molibdenos y Metales, Abastible, Melón, Vidrios Lirquén, MetLife Chile Seguros de Vida, MBI Corredora de Bolsa, Banco Santander Chile y decenas de otras compañías y holdings. La estructura coincide casi por completo con la de los grupos económicos Angelini, Luksic, Matte, Said, Yarur y Solari — los mismos seis conglomerados que, según múltiples investigaciones académicas, concentran la mayor parte del PIB privado del país.
Mientras el CEP se define como independiente, su directorio y financiamiento dibujan el mapa del poder económico en Chile: desde el papel tissue de los Matte hasta el cobre de los Luksic, pasando por el combustible de los Angelini. Un estudio académico de 2023 demostró que 40 de sus consejeros directivos ocupan cargos simultáneos en las empresas que lo financian. La independencia es la imagen que el CEP proyecta hacia afuera. Lo que proyecta hacia adentro — hacia quienes lo financian — es otra cosa: el respaldo intelectual y la legitimidad académica que ningún directorio empresarial puede comprarse directamente.
Esto no es una coincidencia cosmética. Una investigación académica firmada por Juan Jesús Morales-Martín (Universidad Autónoma de Chile), Martín Videla-Rocha (Universidad de Concepción) y Roberto Ibacache-Monasterio (Universidad de Chile), publicada en 2023 en la revista Convergencia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), analizó la red corporativa del CEP y concluyó que los grupos Angelini, Luksic y Matte lideran la estructura de poder tejida alrededor del think tank, con hasta 40 consejeros directivos del CEP ocupando cargos simultáneos en empresas que lo financian. El estudio cuantificó la centralidad de cada consejero en la red: Roberto Angelini, Jean-Paul Luksic y Jorge Matte registraron los puntajes más altos de cercanía (19,6%, 19,6% y 19,5% respectivamente), seguidos por Salvador Said, Roberto de Andraca y Carlo Solari Donaggio.
El presidente actual del Consejo Directivo del CEP, Juan Carlos Camus, asumió el 1 de agosto de 2025; antes lo presidía el empresario Juan Obach González (2018-2025) y, antes de él, Eliodoro Matte Larraín durante 28 años (1987-2015). En 2014, los principales grupos económicos del país firmaron los estatutos de la Fundación CEP comprometiendo aportes por aproximadamente 26.500 millones de pesos — unos 50 millones de dólares de la época — para constituir un endowment que aporta hoy un tercio del presupuesto anual del centro. Los firmantes fueron Roberto Angelini (Copec), Juan Andrés Camus (BTG Pactual), Jorge Errázuriz (BTG Pactual), Jean-Paul Luksic (Antofagasta Minerals, Quiñenco), Eliodoro Matte (CMPC), Juan Eduardo Obach (Papeles Bío Bío), José Said (Parque Arauco, BBVA), la Fundación Reinaldo Solari (Falabella), Wolf Von Appen (Ultramar) y Luis Enrique Yarur (BCI).
El conflicto de interés estructural opera en una dirección concreta. El CEP no solo produce encuestas de opinión pública: también elabora estudios y propuestas de políticas públicas sobre pensiones, salud, educación, regulación tributaria, política minera y medio ambiente — exactamente los sectores donde sus aportantes tienen intereses económicos directos. La pregunta no es si los investigadores del CEP son personalmente honestos. La pregunta es estructural: una fundación cuya operación se sostiene en aportes anuales de los mayores grupos económicos del país, y cuyo Consejo Directivo está integrado por representantes de esos mismos grupos, opera con incentivos institucionales que cualquier ciencia social en serio reconocería como problemáticos.
Criteria fue fundada en 2002 por el psicólogo Cristián Valdivieso, formado en la Universidad Diego Portales. Valdivieso comparte panel con Izikson en radio Duna y publica columnas regulares en La Tercera y Ex-Ante, y ha construido un perfil de analista político transversal. Pero Criteria opera en el mismo mercado que Cadem, con las mismas tensiones. El propio Izikson lo reveló sin querer en el cruce de Twitter de febrero de 2020: respondiendo a las críticas de Valdivieso sobre sesgo metodológico, Izikson contraatacó señalando que Criteria "solo trabajó por trato directo a Ministerio PS" y que su encuesta mensual era financiada por la Fundación Iguales, organización vinculada al Partido Socialista. Valdivieso no desmintió los datos. Los reconoció y respondió que el problema no era la plata sino el sesgo en las preguntas. Ambos tenían razón al mismo tiempo: Criteria criticaba los sesgos de Cadem mientras operaba con su propio financiamiento político. El modelo de negocio es el mismo; cambia quién paga.
En enero de 2020, Valdivieso fue invitado a exponer ante el Consejo de Gabinete ampliado del gobierno de Piñera — el mismo gobierno cuyas encuestas medía Cadem por 2.783 millones de pesos. La distinción entre "el encuestador del gobierno" y "el analista independiente" se vuelve difusa cuando el analista independiente presenta sus datos directamente ante el gabinete del gobierno que mide.
El gobierno de Boric incorporó nuevas firmas al circuito de proveedores estatales: Statcom Datavoz, Tú Influyes (fundada por el sociólogo Axel Callís en octubre de 2019), Fases Investigación y Asesorías, Exponential Ingeniería y Chiletendencia (cuya gerencia general la ocupa Juan Pablo Lavín León, hijo del exalcalde Joaquín Lavín). El caso de Exponential Ingeniería es especialmente revelador del cruce entre campañas electorales y contratos estatales: la firma había prestado servicios a la propia campaña presidencial de Gabriel Boric en segunda vuelta de 2021, según la rendición ante el Servicio Electoral, por 18.206.502 pesos. Cuatro meses después, el 24 de marzo de 2022 — apenas dos semanas después del cambio de mando —, la Presidencia contrató a Exponential vía trato directo por 8 millones de pesos para un "estudio cualitativo sobre el cambio de mando". Tampoco hubo licitación.
Los cuestionamientos a las encuestadoras chilenas no se reducen a sus conflictos de interés. Existe un problema metodológico estructural que afecta especialmente a las mediciones telefónicas, que son la mayoría. La ficha técnica de la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada el 28 de septiembre de 2025, reconoce explícitamente que para conseguir 707 respuestas efectivas se realizaron 6.898 llamados — una tasa de éxito de 10,2%. La misma ficha declara un margen de error de ±3,7 puntos al 95% de confianza, "bajo un muestreo de tipo probabilístico (estratificado por región y selección aleatoria del individuo) y asumiendo varianza máxima". El problema, conocido en estadística desde hace décadas, es que la fórmula del margen de error asume una tasa de respuesta del 100% y un muestreo aleatorio simple — ninguna de esas condiciones se cumple cuando 9 de cada 10 personas contactadas no responden.
El economista Eduardo Engel, doctor en estadística por la Universidad de Stanford y profesor de la Universidad de Chile, lo planteó en una carta al director publicada en La Segunda en junio de 2017: "Un margen del 3,7% supone una tasa de respuesta del 100% y un muestreo probabilístico". Cuando una proporción tan alta de los contactados decide no responder, no hay base estadística para asumir que las opiniones de quienes sí respondieron representan a la población general.
Ninguna encuestadora respondió con una corrección metodológica. La Asociación Internacional de Encuestadores (AAPOR) recomienda explícitamente "evitar el término 'margen de error' en los casos de muestras no probabilísticas". En Chile el término sigue apareciendo cada lunes en cada nota de prensa.
La pregunta práctica no es si las encuestas sirven — sirven, y son el mejor instrumento disponible para medir opinión pública en tiempo razonable. La pregunta es qué información mínima debería acompañar cada número publicado para que el lector pueda evaluarlo por sí mismo. La Asociación Americana para la Investigación de Opinión Pública (AAPOR), el organismo de referencia internacional en metodología de encuestas, establece que una encuesta responsablemente reportada debe incluir, como mínimo: quién encargó el estudio, quién lo financió, el método de recolección, el universo y la muestra, las fechas exactas del trabajo de campo, y el texto literal de cada pregunta — no el resumen del encuestador, sino la pregunta exacta que escuchó el entrevistado. En Chile, ninguna de las tres encuestadoras principales publica de manera sistemática quién financió el estudio específico que está presentando. Cadem declara su metodología general pero no identifica, encuesta por encuesta, si hay un cliente detrás. El CEP publica sus aportantes institucionales pero no desglosa si algún estudio específico fue encargado por un actor con interés directo en el resultado. Criteria no publica su listado de clientes.
La pregunta que cualquier consumidor de noticias debería hacerse al ver un número en pantalla es concreta: ¿quién encargó este estudio? ¿Quién lo financió? ¿Cuál fue la tasa de respuesta exacta? ¿Cuál fue la pregunta literal, no el resumen? ¿El cliente de la encuestadora tiene interés económico o político en el resultado? Esas preguntas no requieren un doctorado en estadística. Requieren que los medios que publican los números se las hagan antes de abrir con ellos el noticiero del lunes.
El patrón se ha repetido con cada gobierno desde al menos 2010. El primer gobierno de Piñera contrató masivamente a Cadem e Iccom mediante el funcionario que poco después se incorporaría a la propia firma. El segundo gobierno de Bachelet contrató a Go Research por 911 millones de pesos en 50 contratos entre 2014 y 2017. El segundo gobierno de Piñera repitió con Cadem por 2.783 millones. El gobierno de Boric incorporó nuevas firmas al circuito y mantuvo a Cadem por 2.643 millones adicionales. Lo que haga el gobierno de José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo de 2026, será una señal — y Mercado Público es público: cualquiera puede ir a verificarlo cada vez que se firme un contrato.
El problema no es que las encuestadoras chilenas mientan. Es estructural: una industria pequeña, dominada por tres firmas, financiada simultáneamente por el Estado al que mide y por los grupos económicos cuyos intereses están en juego en las políticas que sus números acompañan, no puede pretender ser un termómetro neutral. Cada lunes que un noticiero abre con "el 54% rechaza la reforma" o "la aprobación del Presidente sube tres puntos", lo que está omitiendo no es información secundaria. Es información sobre quién encargó el estudio, qué pregunta se formuló, cuántas personas contestaron de cuántas contactadas, y qué intereses tenía la firma que produjo los datos. Saber eso no significa desestimar las cifras. Significa leerlas con todos los datos sobre la mesa — los que aparecen en la pantalla y los que no.
Si tenés entre 18 y 30 años, el estallido de 2019 definió el país en el que vivís hoy. Las pensiones que no se reformaron, el sistema de salud que sigue igual, la policía que no se refundó — todo eso viene de ahí. Y sin embargo, la historia oficial dice que fue "vandalismo". Este artículo cuenta lo que realmente pasó y cómo se logró enterrarlo.
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El 13 de enero de 2026, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio por probado, "más allá de toda duda razonable", que la posta que reventó los ojos de Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019 salió de la escopeta del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. Lo dijo en una sentencia de varios cientos de páginas, sustentada en la sincronización de cámaras municipales, peritajes médicos y la trayectoria reconstruida del proyectil. Y, en esa misma sentencia, lo absolvió.
Para hacerlo, el tribunal aplicó retroactivamente la Ley Naín-Retamal — promulgada el 6 de abril de 2023 por el Gobierno de Gabriel Boric, en honor al cabo segundo Eugenio Naín, asesinado en La Araucanía en octubre de 2020, y al sargento segundo Carlos Retamal, asesinado en San Antonio en octubre de 2022. El texto legal amplió la presunción de legítima defensa privilegiada para Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y las policías marítima y aeronáutica cuando hagan uso de sus armas de servicio.
Los jueces concluyeron que el cono de dispersión de los perdigones a 24,5 metros era impredecible, que el protocolo institucional vigente en 2019 no fijaba distancia mínima ni dirección obligatoria de tiro, y que el acusado había actuado en legítima defensa frente a una "agresión activa potencialmente letal" — caracterización basada en que Gatica tenía una piedra en la mano. El Ministerio Público anunció recurso de nulidad; la sentencia escrita estaba programada para entregarse el 13 de mayo de 2026.
Gatica, hoy diputado electo por el Distrito 8 de la Región Metropolitana en cupo del Partido Comunista, escuchó el fallo desde su asiento sin gestos visibles.
Esa es la historia oficial del estallido social al cierre de seis años: la víctima quedó identificada, el victimario también, el sistema acreditó el disparo y declaró que no hubo delito. Es también el cierre simbólico de un proceso más largo y más sistemático: el de la reescritura del 18 de octubre de 2019 como un episodio de vandalismo, un error colectivo que la ciudadanía ya habría reconocido como tal. Los datos disponibles cuentan otra historia, y vale la pena recorrerlos en orden.
Chile llegaba a octubre de 2019 como el segundo país más desigual entre los miembros de la OCDE, solo detrás de México, según las propias mediciones del organismo basadas en el Coeficiente de Gini después de impuestos y transferencias. El 10% más rico del país concentraba aproximadamente 27 veces más ingreso que el 10% más pobre, una brecha sin paralelo en el conjunto de países de altos ingresos. La educación superior chilena era de las más caras del mundo en proporción al ingreso medio, y el único caso en América Latina donde todas las universidades — públicas y privadas — operaban con cobro arancelario al estudiante. El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, instaurado por la dictadura militar mediante el Decreto Ley 3.500 de 1980, entregaba en promedio jubilaciones equivalentes a aproximadamente la mitad del último sueldo tras cuatro décadas de cotización, según las cifras de la Superintendencia de Pensiones. Las listas de espera del sistema público de salud se medían en años. Estos no son adjetivos políticos: son datos del Banco Mundial, de la OCDE y de las propias agencias estatales chilenas.
Sobre ese sustrato material, la chispa fue trivial. El 6 de octubre de 2019, el Panel de Expertos del Transporte Público autorizó un alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago en hora punta. El 14 de octubre, los estudiantes secundarios empezaron a saltar los torniquetes en señal de protesta. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, los llamó públicamente "delincuentes"; el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla calificó las evasiones de "delincuencia pura y dura". El gobierno de Sebastián Piñera respondió cerrando estaciones, redoblando la presencia policial y rechazando todo diálogo con los liceos movilizados. El viernes 18 de octubre, las protestas escalaron en varias estaciones del Metro de Santiago y se extendieron hacia plazas y avenidas céntricas; ese mismo día se incendiaron 22 estaciones, según el Reporte de Sostenibilidad del propio Metro de Santiago, que cifró en 118 — de 136 — las estaciones dañadas durante el ciclo completo de protestas.
El domingo 20 de octubre de 2019, a las 23:36, Sebastián Piñera comparecía desde la Guarnición Militar de Santiago, flanqueado por el ministro de Defensa Alberto Espina y por el general Javier Iturriaga del Campo, jefe de la Defensa Nacional designado por el estado de excepción. Sus palabras quedaron textualmente registradas en el archivo de Cooperativa, La Tercera y la mayoría de los medios chilenos: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible". El Presidente añadió que ese enemigo tenía "un grado de organización y logística que es propia de la organización criminal" y llamó a las fuerzas políticas a "actuar sin ambigüedades".
A la mañana siguiente, ante la consulta directa de la prensa, el general Iturriaga respondió lo siguiente: "Mire, yo soy un hombre feliz, y la verdad es que no estoy en guerra con nadie". El máximo responsable militar del estado de excepción contradecía públicamente al Presidente que lo había decretado, en un episodio sin precedentes en la historia chilena reciente.
La noche del 21 de octubre, el medio La Tercera confirmó la autenticidad de un audio de WhatsApp grabado por la primera dama Cecilia Morel Montes y dirigido a una amiga sin identificar. La grabación, de aproximadamente 51 segundos, contenía dos frases que se transformaron en el resumen involuntario del momento: "Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena", y "Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás". Morel publicó horas después un mensaje en X (entonces Twitter) reconociendo el envío y disculpándose por el "desacierto"; el Gobierno confirmó la autenticidad del registro a través de fuentes de La Moneda.
El registro discursivo del oficialismo cambió en cuestión de días. Reconocieron la desigualdad estructural del país. Hablaron explícitamente de "abusos" del sistema. Aplaudieron lo que calificaron como un "despertar ciudadano". Esa secuencia — del "estamos en guerra" del 20 de octubre a la promesa de "disminuir privilegios" — quedó documentada en archivos audiovisuales públicos y constituye el punto de partida indispensable para evaluar lo que la misma derecha sostendría cinco años después sobre los hechos de octubre de 2019.
Mientras el discurso oficial oscilaba entre la guerra y la disculpa, las calles producían un registro paralelo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó, hasta marzo de 2020, a 460 personas con lesiones oculares por el accionar de Carabineros, de las cuales 34 sufrieron pérdida o estallido total del globo ocular. Dos personas quedaron completamente ciegas en ambos ojos: Gustavo Gatica, estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, alcanzado por perdigones el 8 de noviembre de 2019 en la Plaza Baquedano; y Fabiola Campillai, obrera del sector industrial de San Bernardo, herida el 26 de noviembre de 2019 cuando se dirigía a tomar locomoción para ir a su trabajo nocturno en una planta de alimentos. Una bomba lacrimógena disparada de manera frontal por el capitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda — condenado en octubre de 2022 a 12 años y 183 días de presidio efectivo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas — le reventó ambos globos oculares y le causó la pérdida adicional del gusto y del olfato.
El INDH presentó 3.216 querellas en favor de 3.777 víctimas, según el balance institucional publicado en octubre de 2023, al cumplirse cuatro años de la crisis. De ese total, 2.252 querellas correspondieron a apremios ilegítimos, 582 a torturas y 223 a violencia innecesaria. Siete personas fallecieron por acción directa de agentes del Estado. Ciento noventa y cuatro mujeres denunciaron formalmente hechos de violencia sexual cometidos durante detenciones; entre los casos figuraban tocamientos, desnudamientos forzados y, según el registro del INDH, cuatro denuncias por violación. Carabineros concentra el 92% de las denuncias presentadas; los militares, el 5%; la PDI, un 2%; y Gendarmería, un 1%.
El 13 de diciembre de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, publicó un informe de 35 páginas tras una misión de tres semanas en Chile: existían “razones fundadas para sostener que se habían cometido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, incluyendo uso excesivo de la fuerza con resultado de muerte, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Amnistía Internacional, en su informe “Ojos sobre Chile” de octubre de 2020, fue más lejos: concluyó que la violencia policial respondió a una “política deliberada” de los altos mandos y pidió a la Fiscalía abrir investigaciones por responsabilidad de mando. Human Rights Watch, ya en noviembre de 2019, registró 11.564 personas atendidas con heridas vinculadas a las manifestaciones según el Ministerio de Salud, pidió suspender el uso de las escopetas antidisturbios y exigió una reforma estructural de Carabineros.
La represión también produjo víctimas mortales directas. Romario Veloz Cortez, ecuatoriano de 26 años, murió el 20 de octubre de 2019 en La Serena tras recibir un disparo en el cuello durante una manifestación cerca del Mall Plaza La Serena. El capitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda fue condenado en mayo de 2025 por la Corte Suprema a 15 años de presidio efectivo por violencia innecesaria con resultado de muerte; sentencia firme. Manuel Rebolledo Navarrete, 23 años, murió en Talcahuano el 21 de octubre de 2019 atropellado por un camión militar de la Armada conducido por el infante de marina Leonardo Medina Camaño, condenado a 540 días con remisión condicional — cumple en libertad. Álex Núñez Sandoval, 39 años, mecánico, murió el 22 de octubre de 2019 por traumatismo encéfalo craneano dos días después de haber sido brutalmente golpeado en Maipú; el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Carabineros por apremios ilegítimos con resultado de muerte basándose en el testimonio de un subteniente que denunció dentro de la propia institución “un concierto entre algunos de sus integrantes para tratar de ocultar las circunstancias en que Álex Núñez fue brutalmente golpeado”. A más de seis años de los hechos, ningún carabinero ha sido formalizado por esta muerte. Y el 2 de octubre de 2020, durante una arremetida policial en el puente Pío Nono, un adolescente de 16 años cayó siete metros al lecho del río Mapocho luego de un episodio en el que estuvo involucrado el carabinero Sebastián Zamora Soto. Acusado por homicidio frustrado y apremios ilegítimos, fue absuelto por unanimidad el 12 de julio de 2024 — fallo confirmado por la Corte de Apelaciones —, reincorporado a Carabineros en septiembre de 2024 y, en noviembre de 2025, electo diputado por el Partido Republicano. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros en aquel período de 2020 era el general Ricardo Yáñez.
La narrativa que hoy domina la conversación pública — el estallido como vandalismo, el 18-O como error colectivo del que la ciudadanía estaría hoy arrepentida — no es un fenómeno espontáneo de la opinión pública. Es el resultado de una secuencia de operaciones discursivas sostenidas en el tiempo, con instrumentos identificables y momentos puntuales que dejaron registro.
Octubre de 2019 — marzo de 2020: el encuadre noticioso. Desde los primeros días, la prensa tradicional encerró el fenómeno dentro de un único marco. Un estudio publicado en 2021 en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), firmado por Ignacio Riffo-Pavón, Óscar Basulto y Pablo Segovia, analizó la cobertura de El Mercurio entre octubre de 2019 y marzo de 2020 y constató el uso reiterado de un mismo paquete léxico: “vandalismo desbordado”, “escala de violencia”, “individuos vándalos”. Una segunda investigación de 2024 en Perspectivas de la Comunicación (Universidad de La Frontera), firmada por Pablo Matus, Magdalena Vitores y Claudia Ramírez Friderichsen, revisó las portadas de los principales diarios chilenos y encontró que el marco dominante fue el de “conflicto” (40% del total). Ninguno de estos estudios sostiene que la prensa haya inventado la violencia: lo que documentan es el encierro discursivo del fenómeno completo dentro del marco de la violencia, sin contexto causal estructural.
Noviembre de 2019: el deterioro de la confianza pública en el periodismo. El estudio “Uso y evaluación de los medios de comunicación durante el estallido social en Chile”, elaborado por el equipo de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica integrado por Daniela Grassau, Sebastián Valenzuela, Ingrid Bachmann, Claudia Labarca, Constanza Mujica, Daniel Halpern y Soledad Puente, registró que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas consideraba que los periodistas no estaban cubriendo los hechos importantes ni entrevistando a las fuentes correctas. Sobre ese suelo de desconfianza pública, las encuestas posteriores que medirían la percepción ciudadana del estallido empezaron a circular en los mismos medios que habían producido el encuadre original.
Octubre de 2024: la lápida estadística. El especial Cadem del quinto aniversario, titulado “No lo vimos, ¿lo vemos?” y dirigido por Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de la firma, combinó focus groups en Santiago con una encuesta online de 1.000 personas (error muestral ±3,1%). Sus principales hallazgos fueron reproducidos masivamente por El Mercurio y La Tercera durante los días del aniversario: solo el 6% de los chilenos creía que el país estaba mejor que antes del estallido; el 63% creía lo contrario. La portada de La Tercera del 13 de octubre de 2024 lo tituló: “El demoledor análisis a cinco años del 18/O: sólo un 6% cree que Chile hoy es un mejor país que antes del estallido social”. Izikson presentó los resultados con un marco interpretativo explícito: “Hay una transición del octubrismo al septiembrismo, por así decirlo, a la recuperación de las tradiciones, las instituciones, los valores, la bandera, Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas”. El término “octubrismo” no es lenguaje técnico de encuestadora: es un marco político que columnistas de la derecha chilena venían instalando hacía años. La firma encuestadora lo adoptó, los medios tradicionales lo reprodujeron, y la cifra del 6% se convirtió en el número que cerraba el debate sobre qué había sido octubre de 2019.
Cada 18 de octubre: la conmemoración selectiva. En cada aniversario, los principales medios chilenos publicaron especiales construidos sobre un mismo guion visual: el Metro en llamas, los locales saqueados, las estatuas rayadas, el monumento al General Baquedano vandalizado. Casi nunca aparecían en esos especiales las cifras de violación de derechos humanos: las pensiones promedio de 200.000 pesos, los 460 ojos reventados por Carabineros, las más de 12.000 denuncias por hechos cometidos por agentes del Estado que el Ministerio Público registró hasta octubre de 2025 y que, según el propio organismo, en más del 90% de los casos no permitieron identificar al funcionario responsable.
Estos instrumentos — el encuadre noticioso, el deterioro de la credibilidad, la lápida estadística, la conmemoración selectiva — no requieren coordinación explícita para producir el resultado que produjeron. Coinciden en algo más simple: todos beneficiaron al mismo lado del tablero político.
Las cifras del propio sistema de justicia chileno cierran este recorrido. De las 3.216 querellas presentadas por el INDH durante el período del estallido y los meses inmediatamente posteriores, solo 33 contaban con sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas a octubre de 2023, según el balance del propio Instituto. Dieciséis meses después, a julio de 2025, la cifra había avanzado modestamente hasta 68 condenas firmes sobre un total actualizado de 3.247 querellas — equivalente a poco más del 2% del total. Amnistía Internacional, que en su Informe Anual 2023/24 monitoreó un universo más amplio de denuncias (incluyendo canales distintos al INDH), registró 38 sentencias condenatorias y 17 absoluciones sobre 10.142 denuncias totales. Las diferencias entre las cifras reflejan distintos períodos de medición y distintos criterios de contabilización, no contradicciones entre fuentes. La organización Documenta Labot, que ha rastreado caso por caso, identifica 67 agentes del Estado condenados a la fecha, de los cuales solo 11 cumplen efectivamente penas privativas de libertad.
El 1 de octubre de 2024, la Fiscalía Centro Norte formalizó al exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez, al exgeneral director Mario Rozas y al exgeneral subdirector Diego Olate por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Yáñez había renunciado cuatro días antes, anticipándose a la formalización. Era la primera vez en la historia chilena que los principales mandos de una institución uniformada se sentaban en el banquillo por violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados.
Yáñez había sido nombrado por Piñera el 19 de noviembre de 2020, tras la renuncia de Rozas por el caso del menor empujado al Mapocho. El gobierno de Boric lo mantuvo en el cargo durante todo el mandato — pese a que su programa comprometía explícitamente la "refundación" de Carabineros.
El 13 de enero de 2026, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal absolvió a Claudio Crespo en el caso Gatica, aplicando la Ley Naín-Retamal de manera retroactiva; el Ministerio Público anunció recurso de nulidad. El 12 de marzo de 2026 — un día después de que José Antonio Kast asumiera la Presidencia, y el mismo día en que el Juzgado de Garantía de San Bernardo rechazó un recurso de la senadora Campillai que buscaba revocar el beneficio de salida dominical de Maturana —, la abogada Nubia Vivanco, defensora del excapitán condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo, ingresó formalmente al Ministerio de Justicia una solicitud de indulto presidencial. El antecedente directo de esa solicitud era público: el 30 de marzo de 2025, en plena campaña presidencial, Kast había visitado personalmente a Maturana en la cárcel de Molina y, en un video grabado tras la visita, había declarado que el excapitán "fue condenado a 12 años de cárcel por cumplir con su deber en medio del caos" y se había comprometido a "impulsar un indulto particular" si llegaba a La Moneda. Maturana ya gozaba desde febrero de 2026 del beneficio penitenciario de salida dominical otorgado por Gendarmería. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, declaró públicamente en marzo de 2026 estar a favor de eliminar la potestad presidencial de indulto: "Pareciera que mejor no debería estar el indulto", dijo a 24 Horas, planteando que un consejo técnico debería evaluar los casos en su lugar.
El 3 de marzo de 2026, en su penúltima semana en La Moneda, Gabriel Boric recibió de Carabineros de Chile la condecoración "Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro" en el grado de Alguacil Ilustre, la máxima distinción que la institución otorga a un dignatario civil. La resolución exenta N° 82, firmada el 17 de febrero de 2026 por el general director Marcelo Araya Zapata, fundamentaba la condecoración en el "fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile" impulsado durante la administración Boric, mencionando expresamente el aumento de "recursos logísticos, humanos y de vanguardia tecnológica". Cuatro años antes, como diputado, el mismo Boric había escrito que Carabineros debía ser "refundado" tras las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido.
La distancia entre el discurso de octubre de 2019 — la promesa de “disminuir privilegios”, el reconocimiento de la desigualdad, el aplauso al “despertar ciudadano” — y el programa con que la derecha chilena llegó al poder en marzo de 2026 es la medida exacta de la operación discursiva que se desplegó entre ambas fechas. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025 con 58,17% de los votos válidos, equivalente a más de 7,2 millones de sufragios — la mayor cantidad absoluta obtenida por un candidato presidencial en la historia electoral chilena. Su programa propone un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, no contempla reforma a las AFP, no plantea cambios estructurales al sistema privado de salud previsional, no incluye condonación universal del CAE, y no propone fortalecimiento del sistema público de salud. Ninguna de las demandas centrales que llenaron las calles entre octubre de 2019 y marzo de 2020 figura entre sus prioridades.
Si el estallido fue criminalidad, no hay nada que responder ni materia que reformar; si fue una expresión legítima de injusticia social acumulada durante tres décadas, hay una deuda política y económica pendiente que cualquier gobierno tendría que enfrentar. La elección entre uno y otro relato no es un debate académico: define qué se considera políticamente exigible al Estado chileno.
Las propias mediciones de opinión pública, aun construidas en el contexto informativo descrito, registran que las causas materiales del estallido siguen vigentes para una mayoría de la población. Según el estudio Pulso Ciudadano de Activa Research (1.018 entrevistas, ±3,1%, septiembre de 2024), el 52,7% de los chilenos consideraba que las demandas sociales del estallido no habían sido resueltas. Los problemas específicos que la ciudadanía identificó como pendientes — pensiones (69,3%), control de la delincuencia (60%), costo de la salud (58,5%), precios de servicios básicos (56%), acceso a la vivienda propia (53,2%) — son, casi sin excepciones, los mismos que aparecieron pintados en muros y gritados en marchas durante el último trimestre de 2019.
El estallido tuvo violencia material — incendios, saqueos, ataques a edificios institucionales — y tuvo demandas estructurales que millones expresaron sin destruir nada. La operación discursiva consistió en usar la primera para borrar la segunda. Reconocer que ambas existieron no es contradictorio: lo es decirlo a igual nivel.
El cierre simbólico del proceso es el fallo del 13 de enero de 2026. Un tribunal acreditó que un funcionario de Carabineros disparó perdigones que cegaron a un manifestante, y declaró que ese disparo no constituía delito. La pregunta que ese fallo deja abierta no es si la justicia chilena puede aún condenar a los responsables individuales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido. Es si el sistema institucional chileno — incluida la legislación promulgada por el gobierno que prometió “refundar” Carabineros y que terminó siendo condecorado por la institución — está aún en condiciones de procesar lo que ocurrió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 como lo que la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron en su momento: una crisis de derechos humanos sin precedentes desde el retorno a la democracia.
Las causas materiales que llevaron a millones de chilenos a las calles continúan operando con los mismos parámetros estructurales que tenían en 2019. Mientras esas causas sigan operando, el debate sobre qué fue el estallido social no será un debate sobre el pasado.
Entre el 17 y el 19 de mayo de 2024, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, José Antonio Kast subió al escenario junto a Marine Le Pen, Javier Milei, Mateusz Morawiecki y André Ventura. Viktor Orbán y Giorgia Meloni intervinieron desde la pantalla, en mensajes grabados. La cumbre se llamaba Europa Viva 24 y la organizaba VOX, el partido de extrema derecha español. Entre los oradores estadounidenses estaba también Roger Severino, vicepresidente de la Heritage Foundation y autor del capítulo de Salud y Servicios Humanos del "Mandate for Leadership" — el manual de 887 páginas, conocido como Proyecto 2025, que la administración Trump empezaría a aplicar tras volver a la Casa Blanca en enero de 2025. Para los medios chilenos, fue un acto político más en la agenda del candidato. Para entender lo que ocurriría en Chile dieciocho meses después, fue mucho más que eso.
El guion es siempre el mismo. Un candidato llega con un discurso elemental: el país está en caos, la delincuencia se descontroló, los políticos tradicionales son cómplices, y solo alguien dispuesto a romper las reglas puede salvarlo. La gente, exhausta y atemorizada, vota. Lo que viene después — instituciones reformadas desde adentro, medios bajo presión, contrapesos erosionados — no estaba en el programa de campaña. Nunca está.
La derecha populista internacional comprendió antes que nadie un cambio estructural en la política contemporánea: las elecciones se ganan con emociones, no con propuestas. Y entre todas las emociones, ninguna moviliza más que el miedo.
Miedo al inmigrante. Miedo a la delincuencia. Miedo al "otro" — al diferente, al extranjero, al que amenaza una forma de vida que se siente cada vez más frágil bajo la presión del estancamiento salarial, la crisis habitacional y la pérdida del poder adquisitivo. Orbán convirtió la crisis de refugiados sirios en una supuesta "invasión civilizatoria". Trump construyó su primera campaña sobre el inmigrante mexicano como amenaza. Milei identificó a la "casta" política como el enemigo interno del empobrecimiento argentino. Le Pen y Meloni llevan décadas operando con variantes del mismo repertorio. Lo que cambia es el enemigo concreto — en Chile será la "migración descontrolada" y el "narco que entra por las fronteras abiertas". Lo que no cambia es la lógica: si hay un enemigo claro, la solución es alguien dispuesto a eliminarlo.
Lo que ocurrió en Vistalegre no fue improvisado. Fue una cumbre con discursos coordinados, declaraciones conjuntas y fotografía oficial. La fundación Disenso, brazo cultural de VOX, opera desde 2020 como articuladora entre la derecha radical europea y latinoamericana bajo el concepto de "Iberosfera": una supuesta comunidad transatlántica de naciones unidas por la cristiandad, el idioma y el rechazo al "globalismo progresista". Su presidente honorario es Santiago Abascal. Entre sus colaboradores habituales figuran cuadros de los gobiernos de Hungría, Polonia bajo el PiS, Argentina y Brasil bolsonarista.
Detrás de las cumbres opera una infraestructura más densa. La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), creada en Estados Unidos en 1974 por la American Conservative Union, desde 2017 se replica en distintos continentes como mecanismo de coordinación global. En 2024 organizó cinco ediciones — Hungría, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos — con la participación de autoridades de gobierno y dirigentes en campaña. La Heritage Foundation, fundada en 1973 y financiada por las dinastías DeVos, Coors, Mercer y Koch, opera como cerebro programático: produce los manuales de gobierno que después se aplican en distintos países, adaptados a cada contexto. Atlas Network, otro nodo financiero de origen estadounidense, sostiene una red de más de 500 think tanks afines en cien países; según su propia documentación, en Chile se asocia con Libertad y Desarrollo para establecer "Centros de Capacitación en Libre Empresa". En febrero de 2025, el grupo europeo "Patriotas por Europa" — con 86 eurodiputados — celebró en Madrid la cumbre MEGA: "Make Europe Great Again". El lema no homenajeaba a Trump. Reclamaba pertenencia a un campo internacional con identidad propia.
Lo que rara vez aparece en la cobertura chilena es el rol activo que Kast cumple dentro de esta arquitectura. Kast es miembro de la Political Network for Values (PNfV) desde 2015, integró su Consejo Asesor a partir de 2019 y la presidió entre marzo de 2022 y diciembre de 2024 — sucediendo en el cargo a Katalin Novák, exministra de Familia de Hungría y posterior presidenta de ese país. La PNfV es una red ultraconservadora con presencia en Europa, Estados Unidos, América Latina y África, financiada parcialmente por gobiernos como el de Hungría a través de fundaciones afines. Organiza encuentros anuales donde se forman cuadros jóvenes en estrategia política, comunicación digital y litigio jurídico contra avances en derechos reproductivos y diversidad sexual.
En esos foros, Kast no asiste como invitado: enseña. Ha presentado el "caso chileno" — la derrota del proyecto constitucional progresista en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, con un 61,86% de votos por el Rechazo según los datos oficiales del Servicio Electoral — como un modelo exportable de campaña conservadora exitosa contra una mayoría electoral previa. La derecha chilena ganó esa batalla con una combinación de desinformación masiva en redes sociales, financiamiento empresarial concentrado y mensaje emocional centrado en el miedo a la inseguridad jurídica. Esa metodología, refinada en Chile, se difunde hoy a otras militancias del mismo espectro.
Cuando Kast asume la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, no llega como un político local que ganó solo: llega como integrante orgánico de una red transnacional con agenda, recursos y manuales compartidos.
Para entender qué hace esta derecha una vez en el poder, el caso más documentado es Hungría. Viktor Orbán retornó al gobierno en 2010 con una mayoría parlamentaria de dos tercios — suficiente para reformar la Constitución sin necesidad de la oposición. Lo hizo en abril de 2011, con la nueva Ley Fundamental que entró en vigor en 2012. En los años siguientes, su gobierno reformó el Tribunal Constitucional limitando sus competencias, reorganizó el Consejo Nacional Judicial, redujo la edad de jubilación de los jueces para forzar el recambio, modificó la ley electoral favoreciendo al partido oficialista Fidesz, y articuló — a través de empresarios cercanos al gobierno como Lőrinc Mészáros — un conglomerado mediático que hoy controla más del 80% de los medios regionales.
Orbán llamó a esto "democracia iliberal" en un discurso pronunciado en 2014 en Băile Tușnad, Rumania. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y organismos como Freedom House lo describen con otro nombre: una autocracia electoral. Las elecciones se celebran. Pero el resultado está cada vez más condicionado por quién controla las reglas, los medios y los recursos del Estado. El 12 de abril de 2026, después de dieciséis años continuos en el poder, Orbán perdió las elecciones generales frente al partido Tisza de Péter Magyar, que obtuvo 138 de los 199 escaños del Parlamento — más de los dos tercios necesarios para reformar la Constitución — frente a los 55 de Fidesz. La derrota llegó cuando el modelo ya había deformado profundamente las instituciones húngaras: la oposición ganó pese a — no gracias a — el sistema construido por Fidesz.
El patrón se ha replicado, con grados distintos de éxito, en otros países. En Estados Unidos, Trump intentó debilitar la independencia del Departamento de Justicia y los organismos electorales; el sistema institucional resistió en su primer mandato, pero los efectos del segundo aún se procesan. En Brasil, Jair Bolsonaro pasó cuatro años sembrando desconfianza en el sistema electoral electrónico. El 8 de enero de 2023, una semana después de su salida del poder, miles de seguidores asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto. La preparación discursiva había durado todo el mandato.
En Chile, Kast convirtió la seguridad en su capital político principal. No por convicción más profunda que sus otras posiciones, sino por cálculo electoral: era el único tema con resonancia transversal en un electorado agobiado por el aumento del crimen organizado y la violencia urbana, que se dispararon a partir de 2019. Los homicidios pasaron de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,7 en 2022, según cifras del INE; los secuestros con fines extorsivos aumentaron un 1.500% entre 2019 y 2024, según la Fiscalía Nacional.
El miedo de la población era real y legítimo. Kast lo usó como palanca para instalar un relato más amplio: que el Estado chileno había sido capturado por la izquierda, que la delincuencia era consecuencia directa del "buenismo" progresista, y que solo un gobierno dispuesto a "romper las reglas" podría devolverle el orden al país. En esta narrativa, la seguridad deja de ser un problema técnico a resolver y se convierte en la puerta de entrada para medidas autoritarias que cuentan con respaldo popular suficiente como para legitimarlas.
En la campaña presidencial de 2025 — su tercer intento, después de los fracasos de 2017 y 2021 — Kast presentó el Plan Implacable. Su pieza central era la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total, modeladas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que el gobierno de Nayib Bukele construyó en Tecoluca, El Salvador. Cualquier objeción al plan era despachada con dos rótulos: "buenismo" o "amor a los delincuentes". El ajuste retórico entre 2021 y 2025 no fue ideológico. Fue táctico: cuando el discurso confrontacional dejaba de rendir, se suavizaba la forma sin tocar el fondo.
El CECOT se ha convertido en el símbolo internacional de esta derecha. Kast lo visitó en abril de 2024 y volvió a hacerlo el 31 de enero de 2026 — apenas semanas antes de asumir la presidencia — declarando que Bukele "hoy día es la esperanza de muchas naciones". Milei lo elogia. Trump lo reivindica. Pero conviene mirar el modelo completo.
Las cifras de homicidios en El Salvador efectivamente cayeron de manera drástica: de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, según datos del propio gobierno salvadoreño, cifra consistente con los registros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que también documenta la caída sostenida desde el máximo de 2015. La reducción es real y sin precedentes en la historia del país.
El precio también está documentado. Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que se renueva cada treinta días por la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele. El régimen suspende derechos constitucionales: defensa letrada en las primeras 72 horas, libertad de reunión, inviolabilidad de las comunicaciones. Bajo esa figura, más de 85.000 personas han sido detenidas — alrededor del 1,7% de la población adulta. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Cristosal han documentado detenciones arbitrarias por apariencia, residencia en barrios pobres o denuncias anónimas; al menos al menos 261 personas adultas han muerto bajo custodia, según el registro de Cristosal a junio de 2025. Investigaciones del medio salvadoreño El Faro han mostrado además que el gobierno excluyó de las estadísticas oficiales categorías que administraciones anteriores sí contabilizaban — como muertes en enfrentamientos con la policía o cuerpos sin identificar — lo que infla artificialmente la caída de homicidios.
Las pandillas que controlaban El Salvador hasta 2022 — la MS-13 y el Barrio 18 — fueron desarticuladas. La población hoy puede caminar por calles donde antes no se podía. Esto es cierto y no debe minimizarse. Pero el método para llegar ahí transformó al país en un Estado de excepción permanente, con derechos suspendidos para una parte significativa de la población, sin separación de poderes efectiva — Bukele controla el Ejecutivo, la mayoría legislativa y, desde 2021, una Corte Suprema renovada por su bancada — y sin medios independientes capaces de operar con normalidad.
Este es el modelo que Kast ha señalado como referencia explícita para Chile.
La eficacia de esta estrategia no se explica por la demagogia. Se explica porque opera sobre problemas reales. La inseguridad en Chile es real. La corrupción en algunos sectores del aparato estatal es real. La sensación de abandono que sienten amplias capas de la población — particularmente en regiones, en sectores populares y en clases medias empobrecidas — es real. La derecha populista no inventa los problemas: los amplifica, los simplifica y los monopoliza, presentándose como su única solución posible.
El caso húngaro mostró durante dieciséis años qué ocurre cuando ese proceso avanza sin contrapesos efectivos: elecciones que siguen celebrándose, pero reglas, medios y recursos cada vez más torcidos en favor del gobierno de turno. La derrota electoral final de Orbán en abril de 2026 demuestra que el sistema no es invulnerable; pero también demuestra que recuperar instituciones erosionadas exige más esfuerzo, tiempo y costo político que haberlas defendido cuando aún estaban en pie.
Las preguntas concretas que vale la pena seguir en Chile son específicas y verificables. Las reformas institucionales que impulse el gobierno de Kast en sus próximos meses ¿fortalecen o debilitan los contrapesos al poder ejecutivo? ¿Qué nombramientos hará en la Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Servicio Electoral? ¿Cómo se relaciona con los medios críticos: hay denuncias por difamación, retiros de publicidad estatal, cambios regulatorios que afecten a algunos actores y favorezcan a otros? Las medidas de seguridad anunciadas ¿se aplican con control judicial efectivo o bajo lógica de excepción permanente, como en El Salvador? El discurso del enemigo interno — el "buenismo", la "ideología de género", el "comunismo cultural" — ¿se usa solo para movilizar al electorado o también para deslegitimar a la oposición como interlocutor político válido?
Estas no son preguntas retóricas. Son los indicadores que la ciencia política contemporánea — desde los trabajos de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en "Cómo mueren las democracias" hasta el índice V-Dem de la Universidad de Gotemburgo — utiliza para distinguir entre un gobierno conservador dentro de los márgenes democráticos y uno que comienza a erosionarlos. Chile cuenta con instituciones relativamente sólidas y una sociedad civil activa. Si el modelo se replica aquí o no, dependerá de si esas preguntas se hacen — y se responden — antes de que las respuestas dejen de importar.
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Última actualización: abril de 2026
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